GUADALAJARA. La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Gobierno de Estados Unidos sancionó con el bloqueo de cuentas y propiedades a tres personas y a 13 compañías en México ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por fraude en la venta de tiempos compartidos.
Una de las empresas sancionadas, Banlu Comercializadora S.A. de C.V, tiene al menos cuatro contratos firmados con el Ayuntamiento de Tlaquepaque en el año 2019, uno por 275 mil pesos, otro por 100 mil y los últimos dos por 48 mil y seis mil 700 pesos, respectivamente, para la compra de material y equipamiento para la remodelación de oficina, de acuerdo con información del portal de transparencia del Gobierno municipal.
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La empresa, asentada en avenida Enrique Ladrón de Guevara 2462, colonia Paseos del Sol, en Zapopan, está ligada a Gabriela Del Villar Contreras —una de las tres personas sancionadas ayer por la OFAC—, quien, de acuerdo con un documento de nómina del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en 2017 fue secretaria del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia en Puerto Vallarta.
Del Villar es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de Atemaja y de acuerdo con la OFAC se dedica al cobro de deudas y fraudes de bienes raíces en representación del CJNG.
Las otras dos personas sancionadas por este delito y ligadas al Cártel Jalisco son Teresa de Jesús Alvarado Rubio y Manuel Alejandro Foubert Cadena, este último es director jurídico en Grupo Epta —otra de las empresas sancionadas por Estados Unidos—, con sede en la ciudad de León, Guanajuato.
Foubert Cadena ha sido ligado con los fraudes de tiempos compartidos en Puerto Vallarta y en otras partes desde finales de 2016. Algunas de las empresas sancionadas y ligadas a él son Servicios Turísticos de Vallarta S.A. de C.V., Assis Realty And Vacation Club, S.A. de C.V; Axis Sale & Maintenance Buildings, S.A. de C.V., todas dedicadas a los bienes raíces.
Sobre Teresa de Jesús Alvarado Rubio, las investigaciones estadounidenses señalan que desde hace 15 años se dedica a los fraudes de tiempos compartidos.
La Oficina de Investigaciones de EU (FBI, por sus siglas en inglés) señala que en 2022 se recibieron más de 600 quejas de víctimas contactadas por estafadores en relación con tiempos compartidos en México, con pérdidas estimadas en 39.6 millones de dólares.
De acuerdo con el FBI, los propietarios de tiempos compartidos reciben llamadas telefónicas o correos electrónicos de delincuentes que se hacen pasar por representantes de una empresa de reventa de, quienes utilizan tácticas de ventas de alta presión.
A los propietarios que aceptan vender se les dice que deben pagar una tarifa inicial para cubrir las cuotas de cotización, publicidad y los costos de cierre. Una vez que pagan, los dueños de tiempos compartidos informan que la empresa desaparece o crea tarifas adicionales.
En lo que va del año, en Jalisco se han desmantelado al menos tres call centers clandestinos dedicados a este tipo de estafas. Uno de los casos está ligado a la desaparición de ocho jóvenes, cuyos restos fueron localizados en una fosa clandestina en Zapopan, en mayo pasado.
Esta es, al menos, la tercera sanción que Estados Unidos impone a personas y compañías mexicanas por fraudes en tiempos compartidos.
El 2 de marzo de 2023, la OFAC sancionó a ocho empresas y el 27 de abril, a siete individuos mexicanos, incluyendo al narcotraficante fugitivo Eduardo Pardo Espino y a 19 compañías más.
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La secretaria del Tesoro de Estado Unidos, de quien depende la OFAC, Janet L. Yellen, afirmó que el CJNG es uno de los principales traficantes de narcóticos como el fentanilo ilícito a los Estados Unidos y “genera importantes ingresos para su multifacética organización criminal mediante su red de fraudes de tiempos compartidos”.
La secretaria Yellen señaló que el CJNG utiliza violencia e intimidación extremas para controlar la red de tiempos compartidos, a menudo aprovechándose de ciudadanos estadounidenses de la tercera edad.
