San Cristóbal de las Casas, Chiapas - Un juez local de San Cristóbal de las Casas ha notificado a los habitantes de la Colonia 5 de Marzo que deben desalojar sus viviendas, en las que han residido desde el 5 de marzo de 1994. Esta noticia llega después de 30 años de posesión, justo cuando solo falta completar el trámite de las escrituras de propiedad.
Nicolás Tolentino Gómez Velasco y Carmen Guillén Méndez, representantes de la colonia, dieron a conocer en conferencia de prensa que la policía se presentó el pasado 27 de junio para notificar a los habitantes sobre la orden de desalojo. A pesar de los avances en las negociaciones para obtener las escrituras, los colonos siguen enfrentando hostigamientos.
"Los terrenos ya fueron regularizados y son aptos para la construcción de viviendas. En los próximos días nos trasladaremos a la Ciudad de México para denunciar los hostigamientos que ha sufrido la colonia", señaló Carmen Guillén Méndez.
La Colonia 5 de Marzo abarca aproximadamente tres hectáreas divididas en tres polígonos. El primero incluye las viviendas de las 517 familias de la colonia, el segundo comprende 500 metros del antiguo aeropuerto, y el tercero se encuentra en la zona de los humedales colindantes.
"Los habitantes de la colonia han sido traicionados por las mismas autoridades y jueces. El 27 de junio se liberó una orden de desalojo por un juez local de San Cristóbal, pero las mesas de negociación continuarán", añadieron los representantes.
Con un total de más de 4,200 habitantes, la colonia 5 de Marzo ha decidido trasladarse a la Ciudad de México la próxima semana para presentar su caso ante la Secretaría de Gobernación y determinar el camino a seguir. "El propietario de los terrenos es la Inmobiliaria Molino La Alborada. Los colonos estamos en la mejor disposición de pagar los terrenos, ya es un predio regular y ya se dio el cambio de uso de suelo para una zona habitacional", concluyeron los representantes.
La situación en la Colonia 5 de Marzo pone de manifiesto la necesidad de resolver el conflicto de tierras y asegurar que las familias que han habitado estos terrenos durante décadas puedan obtener la certeza jurídica sobre sus propiedades.
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