Habitantes de la comunidad Nuevo Reforma municipio de Chicomuselo, confirmaron que alrededor de 400 personas huyeron en los últimos días a causa de un ataque con drone cargado de explosivos, el cual se presume fue lanzado por uno de los grupos del crimen organizado que se disputan el territorio de la Sierra Fronteriza de Chiapas.
En entrevista para El Heraldo de Chiapas, el poblador relató que el ataque ocurrió cerca de las 10 horas luego de varios días de enfrentamiento, por lo que el explosivo cayó en el centro de la localidad, provocando un estruendo que a partir de ese momento salieron de sus casas para refugiarse en otras comunidades que se ubican en la línea de la presa La Angostura.
Explicó que por la cercanía con la presa La Angostura, las familias huyeron a través de camionetas particulares y algunas motocicletas hacia el embarcadero de Leningrado, para después algunos cruzar el embalse en lanchas y resguardarse en casas solidarias del municipio de Tzimol.
El habitante también recordó que hace más de una semana la cabecera municipal de Amatenango de la Frontera fue atacado bajo la misma mecánica, es decir, con drones cargados de explosivos, lo que provocó que otras 400 personas también huyeran de la violencia hacia el país vecino de Guatemala.
A raíz de la violencia que se ha generado en esta zona de Chiapas, el campesino afirmó que centenares de habitantes de las comunidades han huido tanto a otras entidades del país como a Estados Unidos donde tienen familiares, dejando pueblos fantasmas que ahora están siendo invadidos por personas del crimen organizado.
Desde el 12 de mayo fecha en la que fue masacrada una familia en la comunidad de Piedra Labrada, el lugareño aseguró que han pedido a las autoridades federales y estatales seguridad de los elementos 101 Batallón de Infantería del ejército mexicano, sin embargo, hasta ahora no han recibido respuesta.
Algunos de los pueblos abandonados son La Hacienda, Piedra Labrada, Nuevo Pacayal y La Noria en Bellavista, mientras que en Chicomuselo son Nueva Morelia, Jolentón, Nuevo Piedra Labrada y 20 de noviembre.
Ante este escenario de violencia que no cesa desde hace 20 días, el Colectivo de Monitoreo integrado por unas 83 organizaciones de la sociedad civil lanzaron un llamado urgente para denunciar la desprotección y el abandono que están viviendo las comunidades, donde están siendo obligadas por los grupos criminales a participar en los bloqueos, utilizándoles como barricadas humanas ante el grupo contrario.
“Se tiene conocimiento que los municipios y ejidos aledaños de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Monte Cristo de Guerrero, Angel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y Las Chicharras son las zonas más afectadas y se encuentran incomunicados por los bloqueos carreteros realizados por los grupos del crimen organizado”, cita el documento.
Las organizaciones enfatizaron que los enfrentamientos, bloqueos y riesgos para la población no son nuevos, pues en mayo, agosto y septiembre del año pasado vivieron escenarios de violencia similares, donde las autoridades intervinieron a través de operativos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, sin embargo, al retirarse las fuerzas de seguridad los grupos volvieron a enfrentarse.
“Desde el pasado 18 de julio la región permanece bajo el asedio de los grupos armados e incomunicada por bloqueos en distintos puntos, “nadie entra y nadie sale” por orden de los grupos criminales. A esto se suman cortes de luz y de telecomunicaciones en algunos municipios, la escasez de víveres y la suspensión del transporte y de servicios de salud y educación. Aunado a estos hechos, se han presentado acciones armadas como son enfrentamientos y balaceras en distintas zonas que representan un ataque contra civiles y ponen en riesgo la vida e integridad de las personas”, aseveraron.
Mientras tanto las organizaciones afirmaron que han visto el incremento del desplazamiento forzado de familias enteras huyendo, incluso al país vecino Guatemala para salvar su vida, donde inicialmente se reportó el desplazamiento de 500 personas; sin embargo, hasta ahora expusieron, no hay claridad en las cifras reportadas por las autoridades, pues el dato más reciente reportado por el gobierno guatemalteco da cuenta de 249 personas albergadas en el departamento de Huehuetenango.
Por ello pidieron al gobierno federal su inmediata intervención en la zona para prevenir nuevos desplazamientos forzados y otros daños irreparables a la vida, la integridad y otros derechos de las personas afectadas por el crimen organizado.
