Lizette "N", junto con su familia y las Colectivas Madres en Resistencia, Vivas Nos Queremos, y Cereza, han denunciado públicamente la injusticia y los abusos perpetrados por la Fiscalía Indígena de Yajalón. Según las denunciantes, la Fiscalía ha violado los derechos humanos de Lizette y sus hijos, incurriendo en detención arbitraria y tortura, tal como se documenta en la queja presentada ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
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En un comunicado difundido por las colectivas, se expone la criminalización sistemática de las mujeres indígenas migrantes internas, quienes a menudo deben partir de sus comunidades en condiciones de empobrecimiento extremo y sin acceso a servicios obstétricos adecuados. Estas mujeres enfrentan graves riesgos para su salud, y en caso de que sus hijos nazcan sin vida, son acusadas de homicidio agravado por parentesco, en un claro acto de violencia institucional.
El texto denuncia que, en el caso de Lizette, no solo no se investigaron los hechos con una perspectiva de género e interculturalidad, sino que se recurrió a testigos falsos y a una necropsia sin fotografías, lo que revela la falta de pruebas contundentes. De los supuestos siete testigos presentados, cinco de ellos nunca comparecieron. Además, se acusa al Poder Judicial de Chiapas de apoyar las acciones de la Fiscalía, contribuyendo a la violación de los derechos humanos y a la perpetuación de la injusticia social que afecta a Lizette y a sus hijos.
Las colectivas exigen el cese inmediato de la violencia institucional en contra de las mujeres de los pueblos originarios y de todas las mujeres en general. Asimismo, demandan la retirada de la acción penal en contra de Lizette y su liberación inmediata. También solicitan la apertura de una carpeta de investigación por los delitos de detención arbitraria y tortura en contra de los responsables.
Finalmente, las denunciantes piden sanciones administrativas y penales para el ministerio público de la Fiscalía Indígena de Yajalón, así como para todos los policías de investigación y Policías Municipales que participaron en la detención y tortura de Lizette. Señalan al Estado de Chiapas como responsable de permitir y perpetuar la violencia estructural contra las mujeres de los pueblos originarios, una situación que, aseguran, debe terminar de inmediato.