La mañana de este lunes 24 de junio, el Sindicato Administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTE) bloqueó los accesos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ubicada en el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, exigiendo la atención justa a sus demandas tras 52 días de huelga en la institución educativa.
Griselda Irene Gómez Rodríguez, Secretaria de Previsión Social, explicó que la protesta se debe a la falta de conciliación, a pesar de haberse programado una audiencia que nunca se llevó a cabo. Es un derecho constitucional que la autoridad laboral tiene la obligación de facilitar la conciliación entre las partes involucradas en la huelga.
El objetivo de la conciliación es finalizar el conflicto mediante la firma del Contrato Colectivo de Trabajo. Por ello, se exige a las autoridades establecer una mesa de diálogo para continuar donde quedó pendiente, sin generar una carga adicional a la institución y respetando los derechos de los trabajadores.
El Sindicato Nacional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas busca desesperadamente un diálogo conciliatorio con una patronal que no respeta, aunque el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Carlos Enrique Martínez Sánchez, no ha implementado los mecanismos de solución.
Estamos litigando en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje desde el 7 de junio, cuando se emitió un resolutivo que intenta desestimar la huelga al pretender involucrar a todos los trabajadores, no solo a los demandantes, tergiversando el término y argumentando erróneamente que se busca la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo en lugar de su firma.
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje no ha actuado de manera justa y regresamos al mismo proceso. La parte patronal parece más interesada en desestimar la huelga mediante litigios que en resolver el conflicto laboral. Hay tres amparos que respaldan nuestras demandas y estamos abiertos al diálogo tanto con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado como con el gobierno estatal. Gómez Rodríguez señaló que los afectados son 322 trabajadores administrativos, quienes además han sufrido hostigamiento.
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