PARÍS, Francia. El Parlamento francés adoptó definitivamente un controvertido proyecto de ley antiterrorista, que facilita los allanamientos o el cierre de lugares de culto, muy criticado por los defensores de las libertades civiles.
Esta ley, impulsada por el presidente Emmanuel Macron, había sido aprobada en primera lectura la semana pasada en la Asamblea Nacional, y en la jornada fue refrendada por el Senado, la cámara alta del Poder legislativo.
La misma incorpora al derecho común algunas medidas excepcionales del estado de emergencia instaurado en Francia desde los atentados terroristas de noviembre de 2015 (130 muertos), que expira el 1 de noviembre.
El estado de emergencia está diseñado para ser temporal, pero en realidad ha sido prorrogado en seis ocasiones, frente a una amenaza considerada “duradera”.
Esta ley permite a las autoridades detener a sospechosos en su domicilio sin orden previa de un juez, cerrar lugares de culto acusados de promover el extremismo y realizar más controles de identidad.
La policía verá en lo sucesivo sus poderes aumentados, en detrimento de los jueces.
En coincidencia, Macron anunció ayer un plan contra la radicalización que incluye una “lista de territorios” sobre los que habrá una vigilancia específica.
Francia ha sido blanco de una serie de ataques desde el año 2015, cometidos por extremistas islámicos que han dejado más de 200 muertos.
La nueva legislación antiterrorista ha encontrado poca resistencia en un país traumatizado por la ola de ataques yihadistas, a pesar de numerosas críticas sobre que ésta socavaría las libertades civiles.
El 57% de los franceses está a favor de esta ley, según una encuesta reciente, aunque el 62% reconoce que favorecerá una “tendencia a deteriorar las libertades”.
La ley ha sido severamente criticada por la izquierda radical y las organizaciones defensoras de los derechos humanos porque, sostienen, viola la presunción de inocencia y el respeto de la vida privada, mientras expertos de la ONU afirman que amenaza gravemente la integridad de la protección de los derechos en Francia.
