Docentes y asistentes académicos que fueron despedidos de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) acusaron “medidas represivas y de descalificaciones” en su contra por parte de autoridades de la institución.
De acuerdo con un documento firmado por 70 trabajadores despedidos en 19 estados de la República, mismo que está dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, estas agresiones han sido dirigidas por parte de la dirección general y la dirección académica de las UBBJ, por lo que exigieron la intervención de autoridades federales.
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“A los trabajadores se nos ha obligado a firmar convenios de prestaciones por servicios educativos con el objetivo de no reconocer nuestra condición de trabajadores y con ello negarnos nuestros derechos humanos y laborales (...) violaciones laborales que han culminado en nuestro despido injustificado en plena pandemia por Covid-19”, señalaron.
Ante ello, en el documento, que también está dirigido a Luisa María Alcalde, secretaría del Trabajo y Previsiones Social (STPS); Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP); y Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, los docentes exigieron el cumplimento de un pliego petitorio de ocho puntos.
¿Qué piden los profesores despedidos?
Entre las demandas de los trabajadores despedidos se encuentran el reconocimiento de sus derechos laborales, la reinstalación de todas y todos los profesores y asistentes académicos que fueron removidos de sus labores, seguridad social conforme lo marca la Ley, cese a los descuentos y retenciones indebidas de jornadas trabajadas, reconocimiento de su antigüedad laboral, pago de jornada laboral completa y libertad de cátedra.
Además de la exigencia del “alto a las medidas represivas y de descalificaciones de las y los trabajadores en la demanda a sus derechos laborales”, mismas que comenzaron desde el pasado mes de julio.
“Señalamos que la mayoría de las y los despedidos somos fundadores de las Universidades en sus diferentes sedes y hemos sostenido nuestras universidades porque creemos en la universidad gratuita, incluyente y de calidad. Calidad que solo se logrará si las autoridades hacen cumplir el artículo 123 al poner un alto a las violaciones laborales y despidos injustificados”, indicaron.
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Finalmente, destacaron que la mayoría de las y los trabajadores despedidos cuentan con estudios de posgrado, “60 por ciento tenemos estudios de maestría, 24 por ciento estudios de doctorado y 6 por ciento pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores”, mismos que además realizan actividades complementarias de gestión, administración y provisión de recursos.
Con lo anterior, los profesores buscan “tirar” el argumento de Raquel Sosa Elízaga, directora general de las UBBJ, quien aseguró para El Sol de México el pasado 29 de julio que “no hay tal despido masivo ni ninguna cosa de esas”, sino que se trata de una renovación de convenios de docentes que “estaban en carreras en donde no tenían una función específica”.
Profesores alzan la voz ante despidos
Sibely Cañedo, una de las docentes afectadas, comentó a El Sol de Mazatlán que ella recibió su notificación de despido o terminación de convenio el pasado 20 de julio, cinco días después de que no le llegara el pago de la primera quincena del mes, a pesar de haberlo trabajado.
Refirió que desde entonces, los docentes y trabajadores despedidos se han agrupado para enfrentar esta situación en la que se viola sus derechos laborales y humanos, pues de manera arbitraria e injusta, indicó, la coordinadora Raquel Sosa ordenó el despido masivo de trabajadores, bajo el argumento de que no reunían el perfil, tras año y medio, dos años o más de estar laborando, incluso varios de ellos son profesores fundadores del proyecto.
“De alguna manera, ya hicieron el trabajo más difícil y ahora resulta que ya no son aptos, nos parece injusto, con este comunicado estamos dando a conocer a la opinión pública las violaciones a nuestros derechos laborales y humanos y queremos llamar la atención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que atienda nuestro caso y vea las irregularidades que se están dando en la Universidad”, apuntó.
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Comentó que muchos de sus compañeros han enviado cartas a la coordinadora general, Raquel Sosa, pero no ha habido ninguna respuesta favorable de parte de ella.
“Ella insiste en su misma postura, dice que no cumplimos el perfil, nosotros sostenemos que es falso, porque nunca se nos hizo una evaluación seria, simplemente son las opiniones personales de ella, que ella dice que no cumplimos el perfil, a pesar de que muchos de nosotros teníamos año y medio, dos años o más haciendo esas funciones de manera satisfactoria”, indicó.
Sibely Cañedo aclaró que el grupo de trabajadores afectados no está en contra del proyecto de López Obrador, ni de la 4T y mucho menos en contra de la Universidad de Bienestar Benito Juárez, "que es un proyecto noble, pensado para las comunidades más necesitadas, con la que se busca disminuir el problema de desigualdad que hay en el país".
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Lamentó que este proyecto en el que se han invertido 3 mil millones de pesos (con presupuestos anuales de mil millones) y que representa mucho esfuerzo de docentes, coordinadores y asistentes académicos, ahora se esté echando por la borda por la arbitrariedad de una persona.
La intención del documento enviado el pasado 12 de agosto a las autoridades educativas del Gobierno federal, es que el presidente López Obrador analice la situación de las Universidades del Bienestar y responda si va a seguir tolerando la violación a los derechos laborales y humanos en la misma, o qué acciones de implementarán al respecto.
Con información de Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán
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