La Primera Sala de la Corte otorgó la protección de la justicia mediante un amparo a víctimas de la llamada “Guerra Sucia”, una serie de represiones de protestas sociales por parte de agentes del estado entre las décadas 60 y 80.
El proyecto a cargo del ministro Alcántara Carrancá fue aprobado por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, del ministro Gutiérrez Ortíz Mena.
Con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Fiscalía General de la República (FGR) deberá investigar los hechos ocurridos mediante la norma internacional referente a crímenes de lesa humanidad.
Con ello, agentes del estado implicados en la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad —no solo tortura— contra ciudadanos inmersos en movimientos sociales podrían recibir mayores castigos penales.
El proyecto a cargo del ministro Alcántara Carrancá plantea que no existe sustento jurídico alguno que permita que los posibles crímenes de lesa humanidad realizados durante esta época sean justificables y permitan el llamado “no ejercicio de la acción penal”.
Previamente, tribunales y juzgados determinaron que los presuntos implicados en delitos durante la Guerra Sucia no debían ser juzgados por crímenes de lesa humanidad dado que, en aquellos años, no existía dicha norma internacional ni se tenían tipificados en el Código Penal delitos que se adecuaran a dicho concepto.
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Sin embargo, el proyecto de Alcántara Carrancá advierte:
“La decisión de no ejercer acción penal bajo el argumento de que, a los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la “Guerra Sucia”, les son aplicables las figuras de prescripción, atipicidad e irretroactividad se traduce en una transgresión al derecho a la verdad”.
El documento aprobado también indica que: “Se considera que se deben ampliar los efectos de esta sentencia con el objetivo de tener una mejor investigación y que otras autoridades coadyuven en la misma”.
¿Qué es la Guerra Sucia?
La Guerra Sucia, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue un periodo de represión política y violencia sistemática llevada a cabo por el Estado mexicano contra grupos de izquierda y disidencia social entre 1964 y 1982.
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La CNDH estima que hubo dos mil 772 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. Sin embargo, organizaciones civiles y académicos señalan que el número real de víctimas podría ser mucho mayor, llegando a cifras que oscilan entre 10 mil y 200 mil personas.