La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Amnistía Internacional y una centena de organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de México, luego de que las Fuerzas Armadas se negaron a entregar información requerida para continuar con la investigación del caso Ayotzinapa, la cual continuará el gobierno de México y la Comisión Nacional de los Derechos humanos.
“La ONU-DH alienta a las autoridades para implementar todas las recomendaciones del GIEI, las de este informe y las que siguen vigentes de informes anteriores, para lograr avances en justicia, verdad y derechos de las víctimas, así como generar un aporte sustancial al sistema de justicia penal, en especial hacia los casos de violaciones de derechos humanos en México”, señaló Naciones Unidas en un comunicado.
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También se pronunció a favor del trabajo realizado por Ángela Buitrago y Carlos Beristain, integrantes del GIEI —integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— que permanecieron en México y que, entre otras cosas, desmantelaron la llamada Verdad histórica, comprobaron que la Secretaría de Marina (Semar) manipuló evidencia y la relación entre el crimen organizado y autoridades de todos los niveles.
Al reclamo de la ONU se suma el de Amnistía Internacional (AI) que acusa la “innegable implicación del Ejército y la Marina” en la desaparición de los normalistas y el ocultamiento de información.
“Ante esta evidencia y el poder cada vez mayor que tienen las Fuerzas Armadas en el país, el caso Ayotzinapa nos hace preguntarnos quién realmente tiene el poder en México”, señaló AI.
Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la CIDH y actualmente senador, culpó al presidente Andrés Manuel López Obrador del ocultamiento de la información por parte de las Fuerzas Armadas, así como “de la impunidad y de que aún hoy no sepamos dónde están los 43 jóvenes estudiantes”.
En un video difundido en sus redes sociales, Álvarez Icaza pidió al jefe del Ejecutivo federal que “deje la cobardía de culpar a otras personas ante los fracasos de su gobierno” y “la mediocre actitud” de culpar al pasado, cuando tiene cinco años gobernando.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por su parte, pidió conocer los últimos avances del GIEI para continuar su propia investigación sobre las violaciones de derechos humanos, pues “existen actuaciones pendientes de continuar y que son trascendentes para la investigación”.
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La CNDH, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, recordó que desde 2021 inició un nuevo expediente de queja por violaciones de derechos humanos derivado de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.
“La CNDH tiene un compromiso con las madres y padres de los normalistas, el mismo que tiene con el pueblo de México que reclama la resolución de este lamentable hecho que nos sigue lastimando, por lo que continuará trabajando para aportar y coadyuvar a su esclarecimiento, con todos los instrumentos legales de que dispone”, aseguró la dependencia en un comunicado.
El subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia, Alejandro Encinas, dijo que las recomendaciones del GIEI ya se están acatando.
Aclaró que tanto Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia de la Secretaría de Gobernación y la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR), analizan el informe del GIEI para cumplir con el compromiso del Presidente “de saber dónde están los estudiantes y resolver el caso como asunto de Estado”.
En total, 124 organizaciones y 127 activistas reclamaron la salida del GIEI y acusan que “ha habido un ocultamiento sistemático de la información” desde la noche del 26 de septiembre de 2014, fecha en la que fueron plagiados los estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero.
Un ejemplo de ello es que en el informe de Buitrago y Beristain se reveló que funcionarios de Sedena de primer nivel, como el entonces secretario Salvador Cienfuegos, identificado con la clave DN1, y el subjefe de Inteligencia, cargo que en 2014 era desempeñado por el ahora titular de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, conocieron de las llamadas interceptadas a integrantes de Guerreros Unidos, grupo al que se le atribuye la desaparición.
En dichas llamadas, correspondientes al 27 de septiembre y al 3 de octubre, se daban detalles sobre la participación de las autoridades locales en el ataque a los normalistas, así como el hecho de que la Sedena conoció en tiempo real el ataque a los normalistas y la zona de influencia de Guerreros Unidos, sin que interviniera.
Asimismo, informaron que con base en sus investigaciones no se pudo comprobar que, como se dijo en un primer momento, los jóvenes estuvieran vinculados a un grupo de la delincuencia organizada, como sí pudo comprobarse con elementos de la Sedena. Hallazgos como este lograron que los padres de los jóvenes lamentaran la salida del GIEI del país, advirtiendo que para ellos el único informe válido sobre el caso es el suyo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, ante estos señalamientos y tras la solicitud hecha por los familiares para sostener una reunión urgente, aseguró que si se han logrado avances es gracias a la colaboración de Sedena y Marina durante su mandato, por lo que rechazó lo manifestado por los especialistas.
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No obstante, Humberto Guerrero, investigador de Fundar, organización que acompaña a los padres de los normalistas en la CoVAJ, estimó que la petición de la CNDH carece de sentido, pues pese a que el GIEI fue muy claro en señalar a las Fuerzas Armadas como las principales obstructoras del caso, la institución de Rosario Piedra Ibarra evitó pronunciarse al respecto. “Eso hubiera tenido más sentido”, dijo en entrevista con este diario.
“La CNDH ha dejado mucho que desear tanto en la administración anterior (de Luis Raúl González Pérez), como esta (de Rosario Ibarra Piedra). La verdad es que en el caso de ambas administraciones no han tenido un aporte sustantivo a la investigación del caso o a presionar a las autoridades que se niegan a colaborar. En particular a la Sedena”, criticó.
