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En su última entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2020, correspondiente al segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño a la Hacienda Pública que asciende a 48 mil 114 millones 914 mil 300 pesos, de los cuales, tres mil 558 millones corresponden al manejo de pandemia de Covid-19.
Los recursos no habían sido subsanados hasta ayer ni las dependencias que conforman la administración pública federal habían explicado qué sucedió con ese dinero.
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El órgano fiscalizador realizó 12 auditorías de cumplimiento financiero para evaluar cómo gastaron las dependencias federales encargadas de la atención a la emergencia sanitaria que comenzó el 27 de febrero de 2020 y que hasta ahora ha dejado oficialmente un saldo de más de 315 mil muertos: la Secretaría de Salud (SSa), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).
Compras a sobreprecio, pagos a personal que trabajaba en hospitales que no atendían a enfermos de Covid y adquisición de ventiladores y cubrebocas KN95 que nunca fueron entregados son algunas de las anomalías detectadas por el organismo que dirige David Rogelio Colmenares Páramo.
Las irregularidades más graves se encontraron en el Insabi, donde la ASF determinó un posible daño a las arcas federales de dos mil 561 millones de pesos. De acuerdo con el dictamen, al instituto que encabeza Juan Antonio Ferrer jamás llegaron 650 ventiladores (usados para brindar apoyo respiratorio a pacientes con complicaciones de coronavirus), pese a que pagó por ellos 920.4 millones de pesos y debían entregarse antes del 30 de abril de 2020, en medio de la primera ola de la pandemia.
Por este motivo el Instituto tuvo que contratar a un despacho para iniciar acciones legales a fin de hacer efectiva la responsabilidad contractual con el proveedor.
Asimismo, el Insabi no acreditó la entrega de un millón 50 mil mascarillas KN95, con un costo de 40.5 millones de pesos, ni entregó documentación que comprobara la recepción y distribución de dos mil 250 ventiladores por los que pagó mil 600 millones de pesos.
Adicionalmente, casi 18 millones de insumos médicos insumos fueron entregados de forma extemporánea al Instituto, entre 11 y 526 días después del plazo establecido en el contrato, sin que se establecieran penas a los proveedores por las demoras.
El órgano fiscalizador también detectó que el Insabi no distribuyó a los Servicios de Salud más de ocho millones de insumos (batas, mascarillas, guantes, etcétera) y tampoco llevó un control ordenado de las entregas. Menos utilizó los casi 100 millones de pesos que le donó la Cámara de Senadores para la atención de la pandemia.
Por si no fuera poco, el órgano fiscalizador detectó que el Insabi pagó a 280 enfermeras y médicos voluntarios en hospitales NO COVID, sin contar con la autorización de dicho estímulo ni con la documentación que acredite cómo se les convocó.
Durante los primeros meses de la pandemia, fueron constantes las protestas de los trabajadores de salud en todo el país debido a la falta de insumos y equipo de protección para hacer frente a la emergencia sanitaria. México se convirtió en el país con más personal médico muerto por coronavirus, según un informe de Amnistía Internacional de 2020.
Tras el Insabi, el ISSSTE fue la segunda institución en la que la ASF detectó los mayores montos de un posible daño al erario y que ascienden a más de 913 millones de pesos.
Entre las irregularidades detectadas, este instituto pagó por ventiladores que ya habían sido pagados previamente; su Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” devolvió al almacén central 15 ventiladores que presentaron fallas sin que se hay solicitado al proveedor su sustitución, y su delegación del Estado de México omitió aplicar penas convencionales por el atraso de la entrega de 47 equipos, entre otros.
En lo que respecta al IMSS, no proporcionó a la ASF evidencia documental para comprobar la aplicación de penalizaciones a proveedores que no brindaron mantenimiento a 194 equipos, entre ventiladores, monitores de signos vitales, carros rojos para reanimación y ultrasonidos digitales.
Además, firmó contratos de mantenimiento de equipos que no contaban con cláusulas de aplicación de penas en caso de incumplimiento, lo que generó que los proveedores no tuvieran sanciones por el retraso en la prestación de sus servicios.
Asimismo, la ASF detectó que la Sedena autorizo ocho contratos para equipar un hospital sin considerar el tiempo que se emplearía para su remodelación, lo que provocó que los bienes comprados permanecieran ociosos entre seis y 10 meses. La dependencia militar también compró equipo médico a sobreprecio.
La Semar compró insumos médicos a sobreprecio, y es que, aunque sometió las compras a concurso, las empresas ganadoras le vendieron bienes que a su vez compraron a otras compañías que habían participado en dichos procedimientos y habían perdido por cotizar a precios superiores.
Finalmente, en lo que respecta a las primeras adquisiciones de vacunas contra SARS-CoV-2, la Secretaría de Salud no contó con información completa sobre el total de vacunas recibidas.
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