La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo que promovió una de las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, se dijo complacida la determinación que tomaron ministros de la Corte, ya que reafirma lo expresado por organizaciones civiles, académicos y activistas, sobre la necesidad que la seguridad pública quede en manos de instituciones civiles acotando la participación de las Fuerzas Armadas.
De igual forma, el presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez, refirió que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 contempla un enfoque de transversalidad y enuncia aspectos preventivos, los cuales, dijo, deben tener mayor desarrollo pues el documento dado a conocer enfatiza acciones reactivas y basadas en el uso de la fuerza y con la intervención de las Fuerzas Armadas.
El organismo autónomo, sostiene que la invalidez decretada por la corte, ratifica la necesidad de que la materia de seguridad pública y la participación temporal de las Fuerzas Armadas en ese ámbito se sujeten estrictamente a lo previsto por la Constitución y sea acorde con los parámetros internacionalmente reconocidos, los cuales plantean restringir al mínimo tales intervenciones y fortalecer el control de autoridades e instituciones civiles en ese campo.
Al término de la inauguración del Congreso Nacional “Logros y Retos de los Derechos Humanos. A 70 Años de la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, sostuvo que es preciso que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 enfatice el papel esencial que las autoridades civiles deben tener al respecto.
“Que se prevenga la subordinación de autoridades civiles a militares, en el documento se enfatizan acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza como la creación de una Guardia Nacional que, mayoritariamente, estaría conformada por elementos de las Fuerzas Armadas, lo cual sería incompatible con la intención que se ha declarado en reite
radas ocasiones de fortalecer a las instituciones civiles de seguridad pública y dejar en manos de las mismas esta materia”, recalco. Por otra parte, subrayó que el abatimiento de prácticas violatorias a los derechos humanos como ejecuciones arbitrarias, desapariciones y tortura no se puede garantizar con la sola creación de nuevos organismos como sería la Guardia Nacional que se propone, siendo necesario para ello una política integral.
