La Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que a once años de su creación desaparecerá el penal federal ubicado en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco, apenas el pasado mes de setiembre se anunció también el cierre del penal de Puente Grande, Jalisco.
En el Diario Oficial de la Federación la dependencia informó que “se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social número 6, Sureste", como parte del Plan Nacional de Desarrollo que se planteó 'la recuperación y dignificación de las cárceles'.
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A partir de esta estrategia lo que se busca es la modernización y reingeniería en materia penitenciaria, privilegiando lo establecido en el artículo 18 de la constitución que señala que “el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, por lo cual, con esta acción de desincorporación se facilitarán los mecanismos y actividades para lograr la reinserción social de las personas privadas de su libertad”.
También informa que las personas privadas de la libertad que se encuentran en ese centro serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, el propósito es que se realice “respetando en todo momento sus derechos humanos”.
En sus inicios el penal estuvo en medio de la controversia entre el gobierno federal y al menos tres estatales, debido a que desde 1997 que inició su construcción pasó casi una década para concluir su construcción debido a la falta de recursos económicos.
Los gobiernos de Roberto Madrazo, Manuel Andrade y Andrés Granier intervinieron en las gestiones de su creación y en la demanda de recursos a la federación para concluir la edificación, hasta que Granier determinó su donación a la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
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