La Comisión de Justicia del Senado de la República, aprobó el dictamen sobre la denominada “Ley Ingrid”, que busca castigar a quien difunda imágenes de víctimas de agresiones, particularmente de mujeres, pues los agresores podrían enfrentar penas de seis hasta 10 años de prisión.
Ante la demanda de los integrantes para que los cambios tengan mayor efecto y quede reforzado el artículo, la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, se comprometió a circular la propuesta antes de su votación en la asamblea y así los senadores puedan analizarla y aprobarla.
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Dicha ley plantea que se castigue a la persona servidora pública que difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie, copie o comparta imágenes, audios, videos, documentos, información, indicios, hallazgos, evidencia, objetos, e instrumentos relacionados con cadáveres de niñas, niños, adolescentes o mujeres que obren en una carpeta de investigación.
A quien resulte culpable de este ilícito, sugiere el proyecto, se le impondrá una pena de seis a 10 años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.
Cabe mencionar que esta propuesta fue nombrada así en memoria de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio. asesinada brutalmente el 9 de febrero de 2020 en la alcaldía Gustavo A. Madero, por quien fuera su pareja, identificado como Francisco “N”.
El feminicidio salió a la luz luego de que dos agentes de la Fiscalía que acudieron al levantamiento del cadáver capturaron y difundieron imágenes de cómo el feminicida descuartizó y desolló a la joven al interior de su propio departamento.
Las imágenes fueron difundidas en redes sociales, medios de comunicación impresos y digitales, con lo que se revictimizó a Ingrid.
Por otro lado, en la reunión de la comisión también se aprobó el proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 225 bis al Código Penal Federal, en materia de delitos cometidos contra la administración de justicia, fue aprobado en unanimidad por los senadores.
Asimismo, se aprobó un proyecto que busca aumentar hasta en una mitad más las penas ya establecidas para los delitos de lenocinio, intimidación, abuso sexual, violación, amenazas y lesiones, cuando la víctima se encuentre embarazada al momento de la comisión del delito.
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La propuesta busca prevenir y, en su caso, establecer los tipos penales que permitan castigar con la debida severidad, aquellas conductas que se traduzcan en violencia durante la etapa del embarazo sean estas de carácter físico, sexual o psicológica - emocional, con el fin de evitar graves afectaciones durante el embarazo y que ello pueda incidir o limitar el desarrollo del feto o bebé.
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