La Cámara de Diputados aprobó, por mayoría calificada, una reforma para ampliar el catálogo de delitos por los cuales un juez federal puede emitir, a petición del MP, prisión preventiva oficiosa contra un sospechoso, mientras dicta o no la vinculación a proceso en un periodo de máximo 72 horas, y además se elimina la posibilidad de salir bajo fianza.
La reforma al artículo 19 constitucional establece que los delitos en materia de corrupción y electorales (mapachería), así como robo de hidrocarburos, feminicidios y desaparición forzada, entre otros, puedan ser castigados de inicio de la misma manera que la delincuencia organizada, trata de personas, homicidio doloso, violación o secuestro.
Durante la discusión, la votación se trabó por momentos debido a que los ocho grupos parlamentarios se proponían discutir 26 reservas para modificar el dictamen que provenía del Senado de la República.
El nivel de la discusión subió de tono en el Pleno de la Cámara de Diputados cuando los legisladores de oposición subieron a tribuna para reclamar el rechazo a sus planteamientos y pidieron a la diputada Dolores Padierna, quien al desempeñar las funciones de Presidente de la Mesa Directiva, abriera el tablero electrónico para comprobar el resultado de las votaciones, sin embargo, la diputada Dolores Padierna rechazó la solicitud de los legisladores y mantuvo la votación de una forma a mano alzada.
La votación se reanudó después de un pleito entre morenistas y panistas. Pero Morena, junto con sus aliados del Partido del Trabajo, Encuentro Social, Partido Verde y los nueve diputados que ayer renunciaron al PRD, lograron las tres cuartas partes necesarias en el Congreso para aprobar la reforma constitucional al catálogo de delitos.
Con el aval de los legisladores afines al lopezobradorismo se perfila que sean detenidos los sospechosos que presuntamente usen programas sociales con fines electorales; también a quien presuntamente roben hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como a aquellas personas acusadas de corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo. Estas tres propuestas fueron planteadas en origen por el el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador como parte de su estrategia de seguridad.
El legislador de Morena, Rubén Terán al sustentar la propuesta señaló que si bien estos delitos merecen prisión preventiva oficiosa, “esto no significa que los jueces estén exentos de analizar los elementos suficientes para acreditar la probable participación del imputado en el delito, precisamente al determinar la sujeción a proceso”.
En contra parte, el líder de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, reprochó que la facción parlamentaria de Morena no haya escuchado sus propuestas, donde pedían que al presentar a los detenidos ante un juez se pidiera la prisión preventiva justificada.
Por su parte el PRI, en nombre de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, criticó que Morena no hubiera escuchado a los especialistas que advirtieron lo peligroso que es implementar una reforma de este tipo al señalar que no se resuelve la criminalidad de fondo, y las voces de especialistas fueron una simulación y una payasada.
