Todo mensaje que a través del miedo tenga como objetivo inhibir la obligación y el derecho al voto de los ciudadanos mexicanos este 1 de julio próximo es un atentado contra el derecho a la información e incurre en la posible comisión de un delito electoral.
La publicación y diseminación de mensajes que puedan, por la vía de intimidar, afectar el incentivo de los ciudadanos mexicanos para salir a votar el primer domingo de julio de este año, en el marco del proceso electoral 2017-2018, va más allá de un asunto de discurso desinformativo como el fenómeno de las fake news (noticias falsas).
El hecho es más grave aún que un tema coyuntural que desde las elecciones de Estados Unidos de Norteamérica, en 2016, parece haber impuesto una agenda mediática en la que las “noticias falsas” se perciben por momentos como una moda para el análisis y la reflexión sobre el cómo generamos y compartimos información actualmente en México y el mundo.
No se trata solamente de si alguien intenta desviar nuestra atención de un hecho o darnos su versión conveniente (información sesgada) o si manipula datos o cifras reales de forma que incluso pueda presumirlos (información engañosa) o ya de plano se inventen hechos y datos, con supuestos lógicos, sobre escenarios reales (información falsa).
De lo que tenemos que estar advertidos y alertas es de aquella información que tiene como objetivo ir más allá de la contaminación del debate público al del recurso efectivo del miedo.
La situación del país es muy obvia en ese sentido: los niveles de inseguridad y criminalidad permiten generar un caldo de cultivo aprovechable en el marco de las campañas electorales. Usar elementos relacionados con el crimen y la violencia va bien para una campaña electoral que ya se destaca por encontrar formas diversas de, más allá de descalificar al contrario, ir prácticamente contra el votante.
Sí, contra el votante, porque al final de cuentas es el votante, el ciudadano que tiene una obligación y derecho a decidir a quién considera más calificado o calificada para dirigir la administración pública nacional, el que más resulta afectado en un entorno de falacias que podrían hacerle pensar dos o más veces si debe salir a votar.
En ese sentido, la Ley General en Materia de Delitos Electorales es clara: la fracción XVI del Artículo 7o . de ese compendio normativo establece que quien por cualquier medio difunda información que intimide el voto puede incurrir en delito electoral.
Es decir, existen herramientas para sancionar rumores, trascendidos o datos varios que busquen que el primer domingo de julio los ciudadanos no salgan a votar por miedo.
En ese sentido, necesitamos estrategias que favorezcan en la audiencia desarrollar un criterio para identificar el mensaje de amedrentamiento y responder a partir del mismo, que puedan detectarlo, verificarlo y denunciarlo. Que los votantes además sepan que cuentan con alguna institución pública que pueda apoyarlos en esa materia.
*Periodista. #El Editor de la Semana
