La presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, la senadora Adriana Dávila (PAN) denunció que desde el gobierno federal se apoya con recursos millonarios a Rosa María de la Garza Ramírez, conocida también Rosy Orozco, quien viaja por el mundo y ha hecho de la trata de personas un negocio familiar.
La legisladora panista entregó en días anteriores al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, un expediente con todos los contratos millonarios que le ha dado el gobierno federal a la familia Orozco-De la Garza. A sus empresas por un monto de 13 millones 930 mil 333 pesos y a sus fundaciones: Comisión Unidos contra la Trata, Fundación Camino a Casa y Fundación Reintegra, A.C que se benefician de donaciones nacionales e internacionales por más de 16 millones de pesos.
Además, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que coordina la Secretaría de Hacienda, le ha entregado 15 inmuebles a sus fundaciones y un vehículo.
Sólo de 6 inmuebles, su monto es de 11 millones 524 mil pesos. Además, denunció que tiene vehículo blindado y personal de seguridad que paga la Federación en tanto los auténticos defensores de los derechos humanos son asesinados.
La senadora tlaxcalteca, dijo que tuvo la oportunidad de conocer, enfrentar y padecer la simulación de Rosy Orozco, a través de adulaciones pagadas a una sola activista que dice que tiene el monopolio de la crítica hacia los gobiernos, pagas a través de contratos y premios y adulaciones. Pero sí no pagas, serás ignorado, señalado y acusado de tratante. Todo es cuestión de entrarle a la simulación.
Las empresas beneficiadas entre otras son Godster Inc., que es una plataforma de Música Bíblica. El responsable es Emilio Orozco de la Garza y el otorgante el Fondo Nacional del Emprendedor/Programa de Emprendimiento de Alto Impacto otorgado apenas el 17 de noviembre de este año por 2 millones 418 mil 777 pesos.
De la antigua militante panista, que tuvo sus días de gloria en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, la senadora Dávila comentó: “Cómo es posible que el SAE entregue seis inmuebles a una sola persona y las dependencias federales le adjudiquen contratos de manera directa y recursos a sus fundaciones y no a las organizaciones que sí combaten la trata”.
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