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Con la muerte del alcalde, Sergio Zenteno Albores del municipio de Bochil, Chiapas, van 22 alcaldes en funciones muertos con violencia, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. No obstante, en los últimos 11 años, la cifra de alcaldes en funciones, electos y exalcaldes ejecutados de manera violenta es de 109.
De acuerdo a la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac), 2010 y 2014 fueron los más letales, en el primer caso, para alcaldes en funciones, y en el segundo para ex alcaldes, en cada año se registraron 17 asesinatos.
La ANAC menciona a Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, como los estados con mayor riesgo para los alcaldes en México, seguido del Estado de México, Guerrero, Puebla y Tamaulipas, y en menor medida Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas.
Los asesinatos se dan en lugares dominados por el crimen organizado y el narcotráfico; la constante es que los alcaldes son interceptados en la carretera, baleados al interior de su automóvil o secuestrados, torturados y en casos extremos, quemados.
Por ello, la Asociación Nacional de Alcaldes, pidió a la Secretaría de Gobernación, la creación de protocolo de seguridad para Alcaldes, ya que de 2006 a la fecha, han sido ejecutados 51 alcaldes en funciones, nueve alcaldes electos, y 49 exalcaldes.
Los estados con más riesgo para los alcaldes son: Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz; siendo militantes del PRI los que registraron más asesinatos entre sus filas: 43 en total; seguido del PRD con 22; y el PAN con 15.
La ANAC señala que los municipios en los que existe violencia contra alcaldes en funciones, electos y exalcaldes, corresponden geográficamente a las áreas de mayor influencia de carteles de la droga y grupos del crimen organizado.
Advierte que en algunos casos, los alcaldes habían denunciado amenazas por parte de grupos del crimen organizado por pago de derecho de piso, como fue el caso de exalcalde perredista de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, y el exalcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, Ygnacio López; quien meses antes de su homicidio, había protagonizado una huelga de hambre en el Senado de la República para denunciar las extorsiones que sufrían él y otros alcaldes.
Las estadísticas señalan que entre 1995 y 2014, existieron 494 ataques de cárteles de la droga y de otros grupos del crimen organizado en contra de autoridades, candidatos y activistas políticos municipales, donde el 90% ocurrieron entre 2007 y 2014, como resultado, el 53% de los ataques terminaron en homicidios.
Desde su perspectiva, la ANAC señala que los ataques por parte de los cárteles contra jefes de policía, políticos y funcionarios públicos están pensados como una forma de presionar al Estado para que evite la confrontación y restablezca un espacio en el que las organizaciones delictivas puedan funcionar bajo un alto grado de impunidad. En estos hechos, las Fiscalías, Procuradurías y la PGR han identificado que los autores materiales son principalmente integrantes del crimen organizado, caciques locales, venganzas políticas o personales, incluso de grupos delictivos locales, como establecen las averiguaciones previas y carpetas de investigación, la mayoría se encuentran abiertas, debido a que casi ninguno ha sido aclarado.
Las muertes de presidentes municipales en ese periodo han sido registradas como “decapitación, emboscadas, celadas, secuestros y ejecuciones directas, algunos de ellos al haber sido amenazados por presuntos delincuentes del fuero común y federal estaban bajo medidas cautelares, es decir, contaban con guardaespaldas de corporaciones municipales, estatales y federales.
