Gobierno y aún más la iniciativa privada (IP) deben fortalecer su seguridad, debido a que por omisiones legales y/o prácticas antiéticas exponen en sus páginas web la información de los usuarios de manera innecesaria, y por ende convierte a los últimos en blanco de criminales, advirtió ayer el investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Adolfo Solís Muñiz.
Dijo que en términos generales los sitios que las dependencias gubernamentales tienen en internet son seguros tanto por diseño, como por infraestructura y hasta por mandato de ley. Sin embargo, esa seguridad tiene un límite.
Por ejemplo, los datos de los jóvenes que son beneficiados con becas están protegidos porque el portal para las inscripciones está homologado, es decir, la plataforma es la misma que las autoridades emplean para la expedición de los pasaportes y las cédulas profesionales, “pero realmente el sistema no está integrado, entonces es muy complejo usarlo”. Alguien podría ingresar y obtener claves únicas de registros de población (CURP) o registros federales de contribuyentes (RFC), advirtió.
Informó que por el poco compromiso que en ocasiones tiene con la clientela, la IP prefiere pagar multas por violaciones en materia de ciberseguridad que destinar recursos para fortalecer ese rubro. En el último supuesto es común que incurran bancos o proveedores de servicios de las instituciones financieras. Los vacíos legales también propician esa práctica.
Entre 2011 y 2017 los asuntos de posibles suplantaciones de identidad en Chiapas conllevaron en conjunto un quebranto para los clientes, la banca y el comercio de 162.9 millones de pesos
“Puede no ser ético pero sí legal (…) todo es cuestión es ética”, puntualizó ayer al disertar una conferencia en el auditorio de Posgrados y Sistemas Computacionales de la Facultad de Contaduría y Administración de la Unach.
La subdelegación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en el estado informó que durante el año pasado atendió 130 denuncias por posible robo de identidad que derivó en un fraude bancario. Representó un aumento de 9.2 por ciento en comparación con 2017. La entidad escaló ocho puestos en la clasificación general para convertirse en el octavo estado del país con más hechos de ese tipo.