En el estado de Chiapas, en el sureste de México, la violencia se ha convertido en una constante que afecta a toda la región. La guerra que inició en el país bajo la influencia de Estados Unidos y que se profundizó durante la administración de Felipe Calderón, ahora se extiende por todo el territorio nacional, con una creciente ola de conflictos que la actual administración no ha logrado detener.
Los datos son alarmantes: desde el inicio de este sexenio, se han registrado 153,941 homicidios dolosos y 42,935 personas desaparecidas y no localizadas en todo México. Además, 69 periodistas y 94 defensores de tierra, territorio, pueblos indígenas y medio ambiente han sido asesinados durante el proceso continuado de recolonización militarizada y delincuencial.
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En Chiapas, al igual que en el resto del país, se viven tiempos de extorsión, balaceras, desplazamientos forzados, trata de mujeres y migrantes, tráfico de drogas, secuestros y feminicidios. Ejemplos claros de esta situación se han registrado en diferentes municipios del estado.
En Chicomuselo, paramilitares amenazan a la población para que autoricen la reapertura de una mina de barita, lo que ha provocado desplazamientos forzados. En Comalapa, las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado también han ocasionado el desplazamiento de miles de personas. Además, recientemente, un trágico accidente en las cercanías de Tuxtla Gutiérrez cobró la vida de al menos 56 migrantes, cuando un camión que los transportaba de manera ilegal volcó, dejando a otras 70 personas heridas. Asimismo, en Pantelhó, personas armadas asesinaron a Simón Pedro, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y miembro de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
En Santa Martha, municipio de Chenalhó, hombres armados atacaron a familias víctimas de desplazamiento forzado, cobrando la vida de siete personas tzotziles. En San Cristóbal de las Casas, grupos armados han recorrido la ciudad exhibiendo su capacidad de movilización y poder de fuego. Estos son solo algunos ejemplos de la violencia que se reporta diariamente en Chiapas.
Grupos del crimen organizado, narco-paramilitares y paramilitares operan impunemente en todo el territorio chiapaneco. A pesar de la respuesta del gobierno federal, que ha enviado militares y la Guardia Nacional a la entidad, la violencia y los negocios ilícitos continúan en aumento. Los grupos del crimen organizado han diversificado sus actividades económicas y han intensificado sus ataques contra pueblos y comunidades.
En este contexto, grupos paramilitares y de corte paramilitar han incrementado sus acciones beligerantes contra los pueblos zapatistas en Chiapas. La Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), vinculada a gobiernos, partidos políticos y grupos de poder en la región, ha llevado a cabo más de 100 ataques contra poblados zapatistas entre 2019 y 2023. Estos ataques y provocaciones han sido documentados y denunciados por las autoridades zapatistas, organizaciones de derechos humanos y misiones civiles de observación.
Ante esta situación, el 8 de junio de 2023 se llevaron a cabo 72 acciones a nivel nacional e internacional para visibilizar estas denuncias y exigir un alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y a la guerra en Chiapas. Sin embargo, la ORCAO ha continuado y aumentado sus operativos armados, mientras que el presidente de México ha minimizado y negado los graves ataques contra las comunidades zapatistas.
El Congreso Nacional Indígena ha convocado a una Jornada de Acción Global "Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas", se llevará a cabo del 13 al 16 de julio e incluirá actividades como volanteo, mesas informativas, eventos artísticos y movilizaciones. Asimismo, se realizará un foro nacional del 24 al 28 de julio, donde se abordarán los ejes de violencia, justicia y paz en Chiapas.
