/ domingo 28 de mayo de 2023

La violencia armada toma el control de los derechos humanos en Chiapas

La violencia armada en Chiapas, control poblacional, político, económico y territorial


En Chiapas la violencia armada se ha convertido en control poblacional, político, económico y territorial, es evidente su incremento y la diversificación de actores que disponen de ella, narra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en su informe 2023.

Con el fin de evidenciar las características actuales de la violencia armada en Chiapas se han analizado 45 conflictos o situaciones de violencia caracterizada por el uso del recurso armado y otros medios violentos importantes llevados a cabo del 2015 al 2022.

De los 45 conflictos analizados, 40 estuvieron caracterizados por el uso de armas, de los cuales 33 de alto calibre, en dos se usaron armas de calibre menor y en cinco casos no fue posible diferenciar, los municipios en los que se presentan con mayor frecuencia son San Cristóbal de Las Casas con nueve casos, Ocosingo con cinco casos, Chenalhó con cuatro casos y Las Margaritas con tres casos.

Las regiones con presencia de este tipo de conflictos son los Altos con 24 casos, que incluyen situaciones ocurridas en Simojobel y San Andrés Duraznal; la región Selva con nueve casos; el Norte con cinco casos y Llanos con cuatro casos, mientras que en la fronteriza se presentaron dos situaciones de violencia armada, una de las cuales es relevante por ilustrar los niveles que representa la disputa territorial.

Debido a la gravedad de la situación y los riesgos inminentes, el Frayba solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares que fueron otorgadas el 24 de febrero del 2018, resolución 15/2018, medida cautelar 882-17, aunque el Estado Mexicano ha ignorado la situación de la violencia en la región, no ha desarticulado, ni desarmado a los grupos agresores, ni ha realizado las investigaciones de los crímenes cometidos.

La violencia presente implica violaciones graves de derechos humanos, se trata de una espiral de violencia, no de hechos aislados, el desplazamiento forzado es una consecuencia recurrente, precisa el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Indica que cualquier actor social, individual o colectivo, en su proceso por alcanzar un determinado fin dispone de un cúmulo de recursos que ejecuta de acuerdo con cierta estrategia, sus tácticas son diversas, legales, movilizaciones sociales, incidencia en medios de comunicación, presión política, cabildeo con instituciones de poder, recursos ilícitos y violentos.

Entre el 2015 y 2017 ha habido una disputa de poder en Chenalhó, la disputa de grupos caciques en Oxchuc, en Altamirano y Pantelhó, en este último municipio siguen desaparecidas 18 personas y cada vez cobra mayor fuerza el grupo de autodefensa El Machete, mientras que en San Cristóbal de Las Casas prevalece la disputa por el control territorial.

De acuerdo con el Frayba, en la región Altos de Chiapas operan grupos armados cuyas formas de acción comparten características similares, mil 133 ataques armados intermitentes en Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, generando 5 mil 023 desplazados, aunque regresaron a sus hogares 3 mil 858 personas.

Lee más: ¡Tensión en la Frontera! Bloqueos, balazos e incendios generan temor

El 2015 ha sido identificado como el año en que la violencia armada se convirtió central para muchos actores civiles, desde la insurgencia del EZLN de 1994 diversos actores han utilizado el recurso armado para diferentes fines, posterior a la masacre de Acteal de diciembre de 1997, grupos paramilitares fueron desmovilizados, no desarticulados, ni desarmados.

A partir del 2000 se continuó buscando la disuasión de las bases sociales, del zapatismo y de otras organizaciones, esta fractura ha originado una serie de agresiones, incluso armada, en las que diversas organizaciones cooperativistas han estado involucradas.

A la fecha continúa está violencia en contra de los movimientos contrahegemónicos en Chiapas, rebasando, desde 2015, la violencia política contrainsurgente para ser utilizada en conflictos particulares, así como para ejercer un control político, territorial y económico frente a otros actores que no necesariamente instituye un movimiento social.

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En Chiapas la violencia armada se ha convertido en control poblacional, político, económico y territorial, es evidente su incremento y la diversificación de actores que disponen de ella, narra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en su informe 2023.

Con el fin de evidenciar las características actuales de la violencia armada en Chiapas se han analizado 45 conflictos o situaciones de violencia caracterizada por el uso del recurso armado y otros medios violentos importantes llevados a cabo del 2015 al 2022.

De los 45 conflictos analizados, 40 estuvieron caracterizados por el uso de armas, de los cuales 33 de alto calibre, en dos se usaron armas de calibre menor y en cinco casos no fue posible diferenciar, los municipios en los que se presentan con mayor frecuencia son San Cristóbal de Las Casas con nueve casos, Ocosingo con cinco casos, Chenalhó con cuatro casos y Las Margaritas con tres casos.

Las regiones con presencia de este tipo de conflictos son los Altos con 24 casos, que incluyen situaciones ocurridas en Simojobel y San Andrés Duraznal; la región Selva con nueve casos; el Norte con cinco casos y Llanos con cuatro casos, mientras que en la fronteriza se presentaron dos situaciones de violencia armada, una de las cuales es relevante por ilustrar los niveles que representa la disputa territorial.

Debido a la gravedad de la situación y los riesgos inminentes, el Frayba solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares que fueron otorgadas el 24 de febrero del 2018, resolución 15/2018, medida cautelar 882-17, aunque el Estado Mexicano ha ignorado la situación de la violencia en la región, no ha desarticulado, ni desarmado a los grupos agresores, ni ha realizado las investigaciones de los crímenes cometidos.

La violencia presente implica violaciones graves de derechos humanos, se trata de una espiral de violencia, no de hechos aislados, el desplazamiento forzado es una consecuencia recurrente, precisa el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Indica que cualquier actor social, individual o colectivo, en su proceso por alcanzar un determinado fin dispone de un cúmulo de recursos que ejecuta de acuerdo con cierta estrategia, sus tácticas son diversas, legales, movilizaciones sociales, incidencia en medios de comunicación, presión política, cabildeo con instituciones de poder, recursos ilícitos y violentos.

Entre el 2015 y 2017 ha habido una disputa de poder en Chenalhó, la disputa de grupos caciques en Oxchuc, en Altamirano y Pantelhó, en este último municipio siguen desaparecidas 18 personas y cada vez cobra mayor fuerza el grupo de autodefensa El Machete, mientras que en San Cristóbal de Las Casas prevalece la disputa por el control territorial.

De acuerdo con el Frayba, en la región Altos de Chiapas operan grupos armados cuyas formas de acción comparten características similares, mil 133 ataques armados intermitentes en Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, generando 5 mil 023 desplazados, aunque regresaron a sus hogares 3 mil 858 personas.

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El 2015 ha sido identificado como el año en que la violencia armada se convirtió central para muchos actores civiles, desde la insurgencia del EZLN de 1994 diversos actores han utilizado el recurso armado para diferentes fines, posterior a la masacre de Acteal de diciembre de 1997, grupos paramilitares fueron desmovilizados, no desarticulados, ni desarmados.

A partir del 2000 se continuó buscando la disuasión de las bases sociales, del zapatismo y de otras organizaciones, esta fractura ha originado una serie de agresiones, incluso armada, en las que diversas organizaciones cooperativistas han estado involucradas.

A la fecha continúa está violencia en contra de los movimientos contrahegemónicos en Chiapas, rebasando, desde 2015, la violencia política contrainsurgente para ser utilizada en conflictos particulares, así como para ejercer un control político, territorial y económico frente a otros actores que no necesariamente instituye un movimiento social.

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