Tuxtla Gutiérrez.- Las demandas de los pueblos y comunidades indígenas de México y en particular de Chiapas, donde el 1 de enero de 1994, surgió un movimiento social armado en demanda de justicia, deben ser atendidas en su justa dimensión, enfatizó Emilio Rabasa Gamboa.

El Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAN), abundó que este derecho no puede estar en duda, lo que no veo es que ni partidos políticos, ni organizaciones lo estén haciendo.

He estado en San Cristóbal de las Casas sede de los diálogos entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1994 a 1996, y constato con profunda tristeza que ni siquiera hay elementos que den muestras de atención a los indígenas, subrayó en entrevista en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

“Ni siquiera hay documentos que yo hubiera esperado como una suerte como por ejemplo memoria de Don Samuel Ruiz García, que fue miembro de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), o notas, tal parece que a partir del gobierno de Vicente Fox del 2000 al 2006 el movimiento ya desapareció y ya no existe y toda su fuerza que hizo cimbrar este país y en general atraer la atención del mundo, se ha evaporado”.

Los indígenas deben exigir mayor representación en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales, no es posible que en la LXVII legislatura de Chiapas de 40 diputados haya un solo indígena a pesar de que son 12 grupos lingüísticos con aproximadamente un millón 300 mil personas, que representarían el 30 por ciento de la población total.

Rabasa Gamboa, comisionado para la paz en Chiapas durante el sexenio de Ernesto Zedillo, abundó que en la falta de representación política de los indígenas es una absoluta negación de todo el sentido que tuvo el movimiento zapatista, no se le supo dar un encauzamiento adecuado para transitar de movimiento a una institucionalidad que hubiese transformado mejor el sistema político mexicano.

Deberíamos tener unos 55 diputados federales indígenas y unos 12 senadores indígenas, para que las políticas públicas se diseñarían con contenido indígena, tendrían que ser en proporción al 10 por ciento aproximadamente de la población indígena del país, estimó.

A 25 años de la aparición del EZLN en el escenario político nacional y a 23 años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar del 16 de febrero de 1996, enfatizó que faltó empujar a que se llegara a un acuerdo para el cumplimiento de estos, que sí eran viables, no eran algo imposible, me hubiera gustado ver que todos los objetivos de la lucha zapatista se tradujeran en una mejoría de vida de los pueblos y comunidades indígenas, señaló.

Lamentablemente no fue así, todo el apartado B del artículo 2 de la Carta Magna que se refiere al bienestar social no se ha dado, mientras sigamos sin incorporar a los indígenas que decidan en las políticas públicas y sigamos con la idea de que hay que representarlos y hablar por ello, no vamos a avanzar, ellos pueden hablar por sí mismos, alertó.

El conflicto se encuentra en un estatus de adormilamiento, no se ve más que de repente algunas declaraciones ocasionales como las que se dieron a raíz de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no en cuanto a exigencias de las demandas sociales, sostuvo.

Sigue la pobreza, la marginación, sigue el abuso de las niñas entregadas en pago o en matrimonios que no desean ellas mismas, todo eso es contrario a lo que fueron las causas del movimiento, lo veo más bien como un movimiento apagado, puntualizó Emilio Rabasa.