Las demandas de los pueblos y comunidades indígenas de México y en particular de Chiapas, donde el 1 de enero de 1994, surgió un movimiento social armado en petición de justicia, deben ser atendidas en su justa dimensión, enfatizó Emilio Rabasa Gamboa.
El integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, abundó que este derecho no puede estar en duda; pero, no se ve ni a partidos políticos, ni organizaciones haciéndolo.
“He estado en San Cristóbal de Las Casas, sé de los diálogos entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1994 a 1996, y constato con profunda tristeza que ni siquiera hay elementos que den muestras de atención a los nativos”, subrayó en entrevista en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
“Ni siquiera hay documentos que yo hubiera esperado como una suerte, por ejemplo, memoria de Don Samuel Ruiz García, que fue miembro de la Comisión Nacional de Intermediación, o notas; tal parece que, a partir del gobierno de Vicente Fox del 2000 al 2006, el movimiento desapareció y ya no existe y, toda su fuerza que hizo cimbrar este país y en general, atraer la atención del mundo, se ha evaporado”.
Los aborígenes deben exigir mayor representación en el Congreso de la Unión y en los congresos locales; no es posible que en la LXVII legislatura de Chiapas de 40 diputados, haya sólo uno, a pesar de que son 12 grupos lingüísticos con aproximadamente un millón 300 mil personas, que representarían el 30 por ciento de la población total.
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Rabasa Gamboa, comisionado para la paz en Chiapas durante el sexenio de Ernesto Zedillo, indicó que en la falta de representación política de los oriundos es una absoluta negación de todo el sentido que tuvo el movimiento zapatista; no se le supo dar un encauzamiento adecuado para transitar a una institucionalidad que hubiese transformado mejor el sistema político mexicano.
Debería haber unos 55 diputados federales y 12 senadores originarios, para que las políticas públicas se diseñarían con contenido indígena; tendrían que ser en proporción al 10 por ciento aproximadamente de la ciudadanía nativa de México, estimó.
A 25 años de la aparición del EZLN en el escenario político nacional y a 23 años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar del 16 de febrero de 1996, enfatizó que faltó empujar a que se llegara a un acuerdo para el cumplimiento de éstos, que sí eran viables; “me hubiera gustado ver que todos los objetivos de la lucha zapatista se tradujeran en una mejoría de vida de los pueblos y comunidades indígenas”, señaló.
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