Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas están “truncados” en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en sustitución del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, lo que genera un retroceso en la representación política indígena, sostuvo Marcos Shilón Gómez.
El representante de la Red Estatal Indígena, calificó de un acto de injusticia para los grupos indígenas reconocidos en la Constitución Política del Estado, el que el Congreso del Estado ha realizado reforma electoral sin consultar a los pueblos originarios aun cuanto estos son los destinatarios de esas leyes.
Durante el foro: “Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y la Nueva Ley de usos y Costumbres”, organizado por el Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad, reiteró que, en la nueva legislación electoral efectuada por mayoría en el decreto 235 por el Congreso del Estado publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 29 de junio del 2020, no satisfizo los derechos de los indígenas.
Los pendientes siguen existiendo en víspera de las elecciones locales del 6 de junio del 2021 a pesar de que los pueblos indígenas representan el 33 por ciento de la población total del estado con un millón 300 mil personas, ha hecho falta en todo momento la consulta por parte del Congreso del Estado a las comunidades y las decisiones que ha tomado por mayoría seguirán siendo excluyentes.
A su vez, María Sánchez Álvarez, líder indígena de Chapultenango, maestrante en defensa de los derechos humanos, sostuvo que con el nuevo marco jurídico existe un retroceso, los derechos humanos no se consultan, se aplican, se respetan, se hacen valer, lamentablemente los partidos políticos se han cerrado a las otras formas de gobierno, la libre autodeterminación.
“Si seguimos jugando a la simulación, no hay pleno respeto, ni reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, las mujeres no están presentes en las asambleas comunitarias, en la toma de decisiones, no hay formas de organización compatibles con las necesidades y los derechos de las mujeres, dejan afuera los liderazgos de las mujeres los partidos y eso ha llevado a la usurpación de funciones y a la simulación”.
Las determinaciones contrarias a los indígenas los ha llevado a muchos pueblos a no usar su vestuario ni hablar su lengua materna, el reto es que los reconocimientos existentes se lleven a la práctica, los partidos no impulsar liderazgos de mujeres, no convocan a su militancia a ser actoras, a capacitarse, a conocer y ejercer sus derechos, expuso.
Puntualizó que el Congreso del Estado con 40 diputados, 21 de Morena, PT y PES en la coalición Juntos Haremos Historia, bebió hacer consulta, las comunidades debieron ser parte de la democracia, eso no pasó y no va a pasar, “no pueden dar la medicina sin escuchar el sentimiento de los pueblos, en su lucha por los derechos ha habido pérdida de vidas humanas y no se ha tomado en cuenta”.
Mientras tanto, la investigadora Eliza Cruz Rueda, sostuvo que de entrada existe una falta de respeto de parte del Congreso del Estado hacia los pueblos indígenas el que en plena pandemia del Covid 19 nos amanecimos con este madruguete, se documenta la mala fe y una muestra de discriminación que pone candado a la consulta garantizado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“La reforma es de mala fe, se debe impugnar porque se hizo en plena pandemia, no se atienden los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas, no hay derecho a la consulta, ni hubo publicidad previa a la reforma, no hubo conocimiento de los pueblos originarios, si un bloque de violaciones”.
