La violencia política contra las mujeres en razón de género en Chiapas tiene que sancionarse con todo el peso de la ley, no solo se trata de generar estadísticas, de registrar casos, víctimas, sino aplicar la fuerza del Estado mexicano en contra de quienes transgreden el orden constitucional, enfatizó la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Janette Ovando Reazola.

La presidenta de la Comisión de Atención a la Violencia Política en Razón de Género del Congreso del Estado, expuso que con la reforma al artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 13 de abril pasado, Chiapas tendrá que hacer adaptaciones legales para castigar esta realidad cruel en contra de las mujeres.

No es normal la violencia política que viven las mujeres, si bien en el estado está señalado en la Ley de Desarrollo Constitucional, no tiene “dientes” porque no tiene una pena en contra de los responsables, ahora en el país se establece prisión de 2 a 6 años y de 100 a 600 días de multa.

Hay un hueco de oportunidades para poner orden y sancionar a los agresores, ahora podemos tipificar en el Código Penal de Chiapas este delito, aunque sea catalogado delitos electorales, no puede haber omisión de las instituciones públicas, ni impunidad, hay que resarcir derechos vulnerados en contra de las mujeres, sustentó.

Ovando Reazola exigió la construcción de una sociedad más democrática e incluyente, y para ello plantea crear la Fiscalía Especializada para la Atención de la Violencia Política en Contra de las Mujeres, la armonización tendría que efectuarse hasta octubre, 90 días antes del inicio del proceso electoral 2021 previsto el 15 de enero.

Las mujeres deben tener acceso pleno a la justicia, a partir de las elecciones del 1 de julio del 2018 y de la toma de posesión del 1 de octubre de ese mismo año de los actuales ayuntamientos, ha sido recurrente la queja y denuncia de regidoras y sindicas víctimas de violencia política, a quienes el Estado mexicano debe garantizar sus derechos, subrayó.

Uno de los casos graves de violencia política de género en Chiapas ocurre en San Juan Cancuc, donde el presidente municipal José López López, del PRI, no permite la toma de posesión de la sindica electa desde el 1 de octubre del año pasado, no obstante la existencia de tres sentencias a favor de la víctima, Martha López Sántiz.

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