El parque vehicular del sector transporte en Chiapas está muy avejentado, en taxi, transporte urbano, para el transporte foráneo, sub urbano la vida útil era de 10 años, con la nueva Ley de Movilidad y Transporte, publicada en el mes de octubre del 2020 y su Reglamento de abril del 2021, bajaron los años de servicio, ahora en taxis con siete años que deben circular las unidades desde el momento en que salen de la agencia y para el transporte urbano son cinco años de servicio para los vehículos.
Nadie reporta con precisión el número de concesiones, de vehículos y operadores, tanto dirigentes como la misma Secretaría de Movilidad y Transporte dicen que aproximadamente son 26 mil unidades del transporte público, sin embargo, algunos líderes del transporte dicen que son más los ilegales que los legales, que fácilmente podrían ser otros 26 mil que circulan sin permisos, sin concesiones y con placas particulares.
El Colectivo Ciudadano "Menos Puente y Más Ciudad", representado entre otros por Diego Emilio Cuessy, expone que lo sucedido el pasado lunes donde dos personas perdieron la vida y otras nueve resultados heridas en choque de un colectivo de la ruta 115 en Tuxtla Gutiérrez, es un reflejo de la negligencia operativa y jurídica de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas.
Expone que la movilidad es una necesidad y en nuestra ciudad, es el 89 por ciento de la población nos movemos en Transporte Público, a pie o en bicicleta, el transporte público está cada vez más caro, en peores condiciones y peor regulado, la combi nos ofrece un servicio infalible y siempre vamos a preferir gastar 16 a pagar 60 en un taxi y preferir esto no puede costarnos la vida; a Secretaría de Movilidad y Transporte nos ha fallado en aplicar la ley, regular apropiadamente el transporte e innovarlo.
Sostiene que el lamentable accidente del pasado lunes es consecuencia de que la inversión millonaria que la Secretaría de Obras Públicas de Chiapas está haciendo en infraestructura incrementa las velocidades de nuestra ciudad, dinero que debería destinarse a hacer calles seguras.
La prioridad, según el colectivo ciudadano, claramente no está en invertir 1,000 millones de pesos en un paso a desnivel y más en otros, si no -expone- en mejorar nuestra infraestructura basada en como es utilizada, las inversiones de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado no reflejan las necesidades de movilidad de la mayoría de la población; hoy hay una falta de procuración de seguridad y educación vial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Diego Emilio Cuessy demanda aplicación de la nueva política nacional de movilidad establecida en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU); que se respeten las medidas mínimas de seguridad y de tránsito y que la autoridad se comprometa de inmediato para garantizar un servicio digno a las y los usuarios del transporte público.
