En medio de las celebraciones por las fiestas patrias, los socios del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez (SITUTSA), conocido popularmente como Conejobús, mantienen una firme demanda por el acceso a la justicia, sin mostrar signos de ceder ante presiones de ningún tipo. La situación ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según detalló la representante del grupo, María Alejandra Chagoya Labra.
En una entrevista realizada en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, donde se prepara el escenario para las festividades, Chagoya Labra informó que han transcurrido tres años y diez meses desde que se acumuló un adeudo del subsidio, ascendente a casi 160 millones de pesos.
La denuncia apunta directamente a la Secretaría de Movilidad y Transporte, alegando que no ha cumplido con el pago correspondiente al subsidio acordado en el acta constitutiva y en los títulos de propiedad, respaldados por la Ley de Sociedades Mercantiles, beneficiando a 97 personas físicas y 8 personas morales, así como a 139 placas y 105 socios.
Durante una manifestación en el centro de Tuxtla Gutiérrez, Chagoya Labra subrayó que se siguen quebrantando los compromisos establecidos en el acta constitutiva, denunciando una falta de ética por parte del gobierno estatal, socio mayoritario en este proyecto. "Han incumplido en el pago de 45 meses, la devolución de nuestras placas y la restitución de nuestras rutas 1 y 2, ubicadas en la avenida central y calle central de Tuxtla Gutiérrez", puntualizó.
Portando símbolos alusivos a los caudillos de la independencia de México, los socios hacen hincapié en que su lucha se basa en el legítimo derecho que les asiste como propietarios, sustentado en la ley y los hechos comprobados. Exigen justicia y recuerdan a las autoridades su compromiso como servidores públicos.
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Chagoya Labra advirtió contundentemente: "No toleraremos que se nos prive de nuestro patrimonio familiar. Continuaremos nuestra lucha incansable hasta encontrar una solución real. No más injusticia. Exigimos el pleno establecimiento del Estado de Derecho y el reconocimiento de la razón que nos asiste".
Las unidades de transporte comenzaron a operar en enero de 2009 y cesaron sus operaciones en 2020. Desde entonces, no se ha hallado una solución. Los reclamos de los socios están respaldados por acuerdos firmados con el entonces gobernador Juan José Sabines Guerrero, los cuales, hasta la fecha, no han sido honrados.
