Los socios del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez SA de CV, o Conejobus, cumplen 30 meses sin poder cobrar sus ingresos de 3.5 millones de pesos mensuales por el usufructo de sus concesiones y placas, después de 3 meses con 24 días de sostener el plantón indefinido de manera firme y digna, no hemos logrado respuestas de las autoridades estatales, explicó María del Carmen Chayoga Labra, la representante común.
La suma de la deuda supera los 105 millones de pesos, que la Secretaría de Movilidad y Transporte, no ha querido reconocer, los afectados son 105 socios, la lucha ha sido constante sin lograr que las autoridades fueran sensibles y supieran escuchar para buscar una solución de fondo al adeudo, así como la reinstalación de los socios legítimos dueños de las rutas 1 de la avenida central y 2 de la calle central, explicó.
A pesar de las lluvias tan fuertes que se han presentado en la capital, se sostiene el plantón en la plaza central bajo la disposición valiente de la gente afectada, a un costado de los trabajos de remodelación del parque, decidimos con voz fuerte seguir en el plantón indefinido y cuidando de la salud de los compañeros, la mayoría es de la tercera edad y la vida humana no tiene precio, reiteró la representante.
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Comenta que los afectados seguirán en su lucha verdadera hasta lograr que las autoridades del gobierno del estado, la Secretaría de Movilidad y Transporte, les paguen todo lo adeudado y los reinstalen en las rutas 1 y 2, como lo marca el acta constitutiva y título de propiedad, "seguimos en pie de lucha con acciones legales necesarias hasta que se resuelva, desafortunadamente hay oídos sordos, sin embargo, agradecemos la solidaridad de la sociedad en este camino en busca de justicia", apuntó.
El Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez SA de CV, o Conejobus, surgió en enero del 2010 durante el gobierno de Juan José Sabines Guerrero, con autobuses climatizadas que debían operar con biodiesel, para ello, desaparecieron las rutas 1 y 2 del transporte colectivo, los concesionarios constituyeron una sociedad anónima de capital variable con el gobierno del estado, que sin tener que trabajar tendrían ingresos por su usufructo de sus concesiones y placas por 3.5 millones de pesos mensuales.
Al principio se les fue pagando puntual, al paso de los meses se empezaron a rezagar, la empresa se clausuró en el 2020 por el actual gobierno, la responsable de la operación de la desaparición es la Secretaría de Movilidad y Transporte, que según los socios solamente les ofreció el pago de un finiquito primero por 15 meses y luego por 10 meses de todos los que se les adeuda, lo que no aceptan y mantendrán la lucha, dicen hasta alcanzar la victoria.