Socios del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez SA de CV, no se dan por vencidos, siguen su lucha ante la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) para que les pague el adeudo de 28 meses por el usufructo de 139 concesiones y placas de lo que fueron las rutas 1 y 2 de transporte público hasta diciembre del 2009 y a partir de enero del 2010 se convirtió en la sociedad del Conejobus para la prestación del servicio a través de autobuses.
Una de las afectadas, María Alejandra Chagoya, explicó que el proceso de pago se ha vuelto muy complicado y se desconocen las causas, debido a que la Secretaría de Movilidad y Transporte no aborda con claridad este problema derivado del anuncio de la extinción de la sociedad anónima de capital variable y que generó la suspensión del servicio de las autobuses a finales del 2020.
La demanda central es nuestros pagos que la Secretaría de Movilidad y Transporte nos está condicionando a un pago de liquidación, en realidad son 26 meses de adeudo hasta diciembre, pero ya han pasado enero y febrero de este 2022, creemos que es un abono que el gobernador autorizó y para ello, la Secretaría de Hacienda ya dispersó los recursos para la Secretaría de Movilidad y Transportes, precisó.
Chagoya precisó que son 10 meses nada más de los ahora 28 meses de adeudo que se autorizó como primer pago, hemos elaborado un recibo que queremos que la Secretaría de Movilidad y Transporte lo acepte para que se pueda seguir dispersando nuestros recursos, se trata de 3.5 millones de pesos mensuales a nuestras cuentas, se venía pagando en años anteriores por transferencias y sin firman nada.
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Los condicionamientos lo estamos viendo a través de abogados y por eso es que vamos a mantener nuestra lucha, aceptamos los primeros 10 meses siempre y cuando los recibos de nosotros que hicimos por el pago nos sea aceptado por el Secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, seguiremos en la lucha concesionarios e hijos, añadió.
El Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez SA de CV, entró en funciones el 4 de enero del 2010, a propuesta del gobernador en turno, Juan José Sabines Guerrero, con la participación de 139 socios que aportaron sus placas y concesiones para sustituir las combis por autobuses que utilizarían biocombustible, sin embargo, se anunció su clausura el 3 de noviembre del 2020 y los socios ahora se quejan de falta de pago.
