El Estado mexicano deberá asumir su responsabilidad en lo inmediato para atender y resolver el desplazamiento interno en el país, garantizar los derechos de las víctimas, su seguridad, retorno y atención a todas sus necesidades, expuso Diego Cadenas Gordillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos Ku’untik de San Cristóbal de Las Casas

Cadenas Gordillo tras asistir al foro: Desplazamiento Forzado Interno, en el marco de los trabajos para el diseño del programa nacional de derechos humanos, celebrado en Acapulco Guerrero; expuso que en el evento no se garantizó la participación de las víctimas y sobrevivientes de dicha violación múltiple y continua de los derechos humanos, más bien, quienes en todo momento tuvieron voz y voto, fueron funcionarios públicos.

En el caso de Chiapas, el 16 de diciembre del 2018, el Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo para construir mecanismos de atención a los grupos de desplazados, reparación del daño y evitar futuros desalojos; sin embargo, no se ha hecho justicia, exhibió.

Por parte de Ku’untik, son varias las demandas, el desarme de los grupos civiles armados que han generado este fenómeno social, el castigo a los agresores, el retorno en condiciones dignas de las familias, la escucha atenta a los afectados por parte de las instituciones.

Los grupos desplazados más visibles son: del ejido Cintalapa, municipio de Ocosingo, con 12 familias y 39 indígenas tseltales, desde el 6 de marzo del 2009; del ejido Tenango en Ocosingo, 71 tseltales, el 23 de enero del 2015; de Sulvó, municipio de Zinacantán suman 16 tsotsiles lanzados el 9 de diciembre del 2015 y del ejido puebla, 254 tsotsiles desplazados en el 2015.