“La presidenta municipal de Chalchihuitán, Margarita Díaz García, ya no ejerce funciones, sigue vinculada a proceso pero no se ha determinado su situación, tras la denuncia de la Auditoría Superior del Estado, por ello se espera que la Comisión de Justicia indique lo que proceda y plantee dictamen”, expuso el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Marcelo Toledo Cruz.
Aclaró que de acuerdo con la Constitución Política del Estado, Díaz García está sujeta a un proceso por presuntos actos al margen de la ley.
“Los resultados al caso de Chalchihuitán están en manos de la Comisión de Justicia, faltas en el manejo de la cuenta pública en el municipio es el principal recurso demandado por la Auditoría, en las comunidades ya dan como un hecho la disolución del cabildo”, comentó.
Añadió que Agustina Díaz Núñez, primera regidora propietaria; Javier Núñez Pérez, segundo regidor propietario; Elena Cruz Cruz, tercera regidora propietaria; Mateo Pérez García, cuarto regidor propietario; Marcela Pérez Núñez, quinta regidora propietaria; Manuela Pérez Luna, regidora plurinominal por el PRI; Gloria Díaz Gómez, regidora plurinominal por el PT; y Norma Díaz Gómez, regidora plurinominal por el Movimiento Ciudadano han presentado su renuncia.
“Hay solicitud de las localidades indígenas de la disolución del cabildo, misma que presentaron por la oficina de Oficialía de Partes del Congreso del estado”, agregó.
Toledo Cruz puntualizó que la asociación de mujeres Red por la Paridad Efectiva (Repare) sigue a la expectativa de los acontecimientos respecto a la situación jurídica en contra de la alcaldesa, mientras que las comunidades sostienen su postura de designar concejo municipal.
“Sin embargo, en Chalchihuitán se reportan mil 237 las personas desplazadas, el 60 por ciento son mujeres y niños, y 33 de las 38 localidades demandan la salida de Margarita Díaz y del síndico Hermelindo García Núñez”, dio a conocer.
Respecto a los actos vandálicos registrados en Ocosingo donde el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo efectuó bloqueos, quemó vehículos y retuvo a cinco policías, opinó que debe aplicarse la ley, porque “no podemos ser rehenes de grupos delincuenciales”, sustentó.