En Chiapas, el manejo del tratamiento de aguas residuales sufre la falta de atención y recursos de los ayuntamientos. De acuerdo con datos del Instituto Estatal del Agua (IEA), de las más de 300 plantas de tratamiento en el estado, solo 105 están operativas, lo que representa el 35%. Esto significa que el 65%, es decir, 195 instalaciones no funcionan o operan con capacidad reducida.
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Los ayuntamientos, responsables constitucionales de la gestión del agua, enfrentan problemáticas relacionadas con el alto consumo de energía eléctrica, lo cual representa un gasto importante en sus finanzas. A esto se suma la cultura de falta de pago puntual del servicio de agua por parte de la población, lo que afecta la viabilidad financiera de los organismos operadores, que dependen de subsidios municipales para mantener el suministro.
Fernando Adolfo Zepeda Soto, director del IEA, señala que este ente actúa como el organismo rector en la materia hídrica del estado. Este organismo tiene como función supervisar la calidad del agua y coordinar esfuerzos con los organismos operadores en cada municipio. A pesar de los intentos por mantener el control sobre la calidad del agua, la realidad es que muchas plantas de tratamiento no están funcionando adecuadamente ante la falta de mantenimiento y atención que afecta a la población.
“La calidad y el suministro de agua constitucionalmente es una responsabilidad de los ayuntamientos, sin embargo, el IEA es el organismo rector en materia hídrica en el estado entonces por supuesto tenemos que estar nosotros atentos”, dijo el representante.
Zepeda Soto explicó que uno de los ejemplos recientes de una planta que ha sido reactivada en la comunidad Paredón, en el municipio de Tonalá. Esta instalación estuvo inactiva un periodo prolongado, pero ha comenzado a operar gracias a la colaboración entre diversas instancias gubernamentales.
La planta tiene una capacidad de 120 litros por segundo y actualmente está funcionando al 70% de su capacidad, atendiendo aproximadamente 80 litros por segundo. Sin embargo, este tipo de iniciativas no son comunes en el estado, lo que resalta la necesidad de un enfoque más sistemático en la gestión de las plantas de tratamiento.
“Hace unos días apenas echamos a andar la planta de tratamiento de Paredón, en el municipio de Tonalá (...) es una planta que había tenido tiempo de no operar por razones técnicas diversas, sin embargo, afortunadamente ya está funcionando”, dijo Zepeda Soto.
La planta de tratamiento fue un reclamo de la población de Paredón, la cual se manifestó en diversas ocasiones para exponer la necesidad de su funcionamiento, ya que la llegada de aguas negras a la comunidad estaba afectando al medio ambiente y a sus principales actividades económicas.
El director explicó que un factor que contribuye a la falta de atención en las plantas de tratamiento es el alto costo del consumo de energía eléctrica. Este gasto se convierte en una carga económica significativa para los ayuntamientos, que a menudo operan con presupuestos limitados. Esta situación se ve agravada por la cultura de no pagar el agua en Chiapas, donde la población no siempre reconoce los costos asociados al suministro y tratamiento del agua. Como resultado, los organismos operadores trabajan con números rojos y dependen de subsidios municipales para mantenerse a flote.
“En realidad trabajan con números rojos y están a veces subsidiados por los ayuntamientos para el suministro de agua. Ahora bien, para las aguas servidas en las plantas de tratamiento, pues es menos posible que tenga recursos de donde atenderse. Tenemos algunas propuestas en el instituto que más adelante daremos a conocer de una propuesta de cómo poder hacer funcionar por bloques las plantas de tratamiento, que es una necesidad muy sentida y grande en Chiapas”, reconoció el dirigente.
Además de la falta de recursos, la infraestructura de las plantas de tratamiento también requiere atención. Muchas fueron diseñadas y construidas hace años, su capacidad y tecnología pueden no ser suficientes para cumplir con las demandas actuales. La falta de mantenimiento y actualización de estas plantas limita su efectividad y contribuye a la contaminación de cuerpos de agua.
La situación de las aguas residuales en Chiapas es un problema que afecta tanto a la salud pública como a la economía local. La inadecuada gestión de las aguas residuales puede llevar a la contaminación de ríos y lagos, lo que afecta a las comunidades que dependen de estos cuerpos de agua para su sustento.
La pesca y la agricultura son actividades que pueden verse severamente afectadas por la contaminación, lo que a su vez impacta la economía local y la calidad de vida de los habitantes.
El IEA ha propuesto nuevas estrategias para abordar la situación de las plantas de tratamiento. Se están considerando opciones para operar estas instalaciones en bloques, lo que permitiría una gestión más eficiente de los recursos y una mejor atención a las necesidades de cada comunidad. Sin embargo, la implementación de estas medidas dependerá de la voluntad política y de la colaboración de los gobiernos municipales.
Otro punto a considerar es la necesidad de establecer mecanismos de rendición de cuentas para los ayuntamientos en relación con la gestión del agua. Los ciudadanos deben tener acceso a información sobre cómo se están utilizando los recursos destinados al suministro y tratamiento del agua. Esto puede incluir la publicación de informes sobre el estado de las plantas de tratamiento y la calidad del agua en cada municipio.
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