La Fiscalía General del Estado (FGE) dio un nuevo golpe al Movimiento Campesino Regional Independiente-Emiliano Zapata (Mocri-EZ) al arrebatarle 464 hectáreas que tenían invadidas desde el 2010 en los municipios de San Fernando y Berriozábal.

Se trata de los predios: La Candelaria I y II (San Fernando), así como El Paraíso, El Peñasco I, Fracción El Peñasco y Fracción Montecristo (Berriozábal).

En cinco meses, las autoridades estatales –con el respaldo de la federación y las localidades correspondientes–, han recuperado dos mil 866 hectáreas que estaban en manos del Mocri-EZ. Dentro de dichas zonas están tres reservas ecológicas: una fracción del Parque Nacional Cañón del Sumidero, la reserva “Cerro Brujo” y “Villa de Allende”, así lo dio a conocer Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con tal diligencia, se han capturado a por lo menos 120 integrantes de la organización “social”, los cuales han sido vinculados a proceso por los delitos de despojo y en el caso de quienes se habían apropiado de algunas Áreas Naturales Protegidas, esperan el proceso para conocer su situación jurídica.

Asimismo, Llaven Abarca expuso que existen diversas órdenes de aprehensión en proceso de ejecutarlas en contra de pseudolíderes que irresponsablemente han engañado a personas de escasos recursos para que se apostaran en los terrenos ya restituidos.

En lo que va de estos ejercicios, el Fiscal de Chiapas dio cuenta de la baja de un elemento de las fuerzas de seguridad municipal de Ocozocoautla, quien fue asesinado por miembros de dicha agrupación durante un operativo en la reserva “Cerro Brujo”.

Al parecer, existían denuncias que, a unas semanas de haber sido recuperado la reserva en mención, se registró la presencia de sujetos que portaban armas de fuego; oficialmente se dio conocer que pertenecen al Mocri.

En este sentido, aseguró que la muerte del oficial no quedará impune y que las operaciones de desalojo de predios invadidos continuarán su cauce en toda la geografía estatal; exhortó a quienes estén en posesión de propiedades ilegalmente, a que se retiren antes de ser sorprendidos por los mandos.

Más adelante, remarcó que la FGE seguirá actuando en contra de notarios públicos que estén o hayan aprovechado su investidura para tratar de “legalizar” los terrenos que, en muchos casos fueron tomados a base de violencia.