Tuxtla Gutiérrez.- A casi diez años del crimen cometido contra Mariano Abarca Roblero, en el municipio de Chicomuselo, líder social que encabezaba una movilización en contra de la empresa minera Blackfire, sigue la lucha por la justicia, y el caso ha llegado a las autoridades de Canadá, de dónde provenía la minera, reveló el asesor de la Pastoral Social de la Provincia Eclesiástica de Chiapas, Marcelo Pérez Pérez.
En un comunicado, informó que la denuncia contra la embajada de Canadá en México que realizó la familia del activista chiapaneco Mariano Abarca, asesinado el 27 de noviembre de 2009 en el municipio de Chicomuselo, se analizó en audiencia el 25 de marzo en la Corte Federal de Apelaciones de ese país.
Esta instancia, reveló, deberá determinar si es procedente una investigación de los actos de la diplomacia canadiense a favor de empresa minera canadiense Blackfire, a la que se acusa de presunto vínculo con el asesinato del activista, es la primera vez que se demanda a una Embajada.
La demanda de tipo administrativo se inició en febrero de 2018, ante el Comisionado de Integridad del Sector Público de Canadá (PSIC) bajo el siguiente argumento: a través de la ley de acceso a la información canadiense se obtuvieron 30 correos entre la Embajada, la empresa minera y el gobierno mexicano entre 2007 y 2010.
Se supo que la diplomacia pedía a las autoridades y orientaba a la empresa para contrarrestar los procesos de resistencia, las protestas que se realizaban en el municipio de Chicomuselo en demanda de justicia por el crimen cometido en contra de Mariano Abarca; la demanda en Canadá la encabeza Uriel Abarca, hermano de Mariano.
En 2009 Abarca encabezó una protesta en la embajada de Canadá en la Ciudad de México en donde pedía su intervención porque se sentían en riesgo ante amenazas directas de Blackfire, dos meses antes de su asesinato, fue detenido por autoridades de Chiapas y arraigado durante un mes, en noviembre fue asesinado.
La demanda ante el Comisionado de Integridad del Sector Público de Canadá (PSIC) argumenta que el actuar de la embajada violó 3 políticas públicas a que deben abocar su actuar, y esto fue un factor que incrementó el riesgo a la vida de Abarca.
En abril de 2019 el PSIC negó a realizar la investigación, por ello se recurrió a la Corte Federal de Apelaciones, instancia que deberá dictaminar si es correcta la negativa a la investigación, o de lo contrario, ordenará se realice la investigación sobre el actuar de la embajada en el caso del crimen contra Mariano Abarca.