Cruz Alberto Uc Hernández, exdelegado de la otrora Sagarpa en Chiapas, fue sancionado con una multa de 54 millones de pesos y la inhabilitación por 10 años como servidor público, luego de que la Secretaría de la Función Pública detectara irregularidades en el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y de Frijol (Pimaf) en 2016.
En ese sentido también se encuentra involucrado el chiapaneco y también exdelegado de Sagarpa, Carlos Alberto Pedrero Rodríguez por autoridades federales y la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades detectadas en el mismo PIMAF, durante el ejercicio 2015, y así como con el Componente Procafé e Impulso Productivo al Café, de ese mismo año.
El exfuncionario es originario de Campeche y presidente de la Federación de Colegios de Agrónomos de la República Mexicana, según su cuenta de Twitter, y también se ha destapado como candidato a gobernador en esa entidad.
Organizaciones y productores chiapanecos exigen ahora a las autoridades federales se actúe hasta las últimas consecuencias, pues fuentes relacionadas con el sector agropecuario informan que la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por malos manejos en el PIMAF, y en beneficio de algunas organizaciones sociales y campesinas que saquearon los recursos federales para intereses y beneficios propios.
De acuerdo, a medios del estado de Campeche, fue el pasado 10 de febrero, cuando la dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval informó que se había sancionado a un exdelegado federal en Chiapas, de la otrora Sagarpa, por irregularidades en la operación del PIMAF en 2016. Por lo que se le impuso una multa resarcitoria por más de 57 millones de pesos y una inhabilitación de 10 años para ejercer en el servicio público.
Sin embargo, el Diario Oficial de la Federación con fecha de 21 de mayo de 2020 indica que la ASF investiga a Carlos Alberto Pedrero Rodríguez porque “omitió vigilar y supervisar” el desarrollo del PIMAF 2015, como instancia ejecutora de dicho componente.
Por ello campesinos y productores del estado de Chiapas exigen a las autoridades que ambos exfuncionarios sean llamados a rendir cuentas, pues no es justo que ahora estén buscando un puesto de elección popular, y tengan cuentas pendientes con las autoridades federales.
También exigieron que se investiguen a organizaciones campesinas como la Confederación Nacional del Campo y para el Campo (Confenacam) quien dirige Marco Antonio Esquivel Gómez, quienes obtuvieron grandes sumas de dinero para falsificar documentación de este programa, coludido con el exdelegado Uc Hernández.