Reynaldo Pérez Pérez, delegado estatal defensor de derechos humanos del cuerpo diplomático en Chiapas, ha expresado su preocupación por la creciente inseguridad en el estado, señalando que la clase política está más enfocada en los procesos electorales que en abordar la crisis de seguridad y paz. Pérez Pérez destaca que la falta de gobernabilidad resulta del incumplimiento de acuerdos y compromisos institucionales con la sociedad, lo que ha llevado a una escalada de violencia, afectando especialmente a los pueblos indígenas en Frontera Comalapa y Chicomuselo.
El abogado subraya que la situación es evidente en varios municipios de Chiapas, con problemas de seguridad, enfrentamientos y tiroteos que no son controlados debido a la falta de gobernabilidad. Pérez Pérez destaca la falta de atención a las demandas de comunidades como Mitontic y la falta de soluciones reales por parte de las autoridades.
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El contexto electoral en Chiapas agrega más complejidad a la situación, con elecciones programadas para el 2 de junio de 2024. Mientras se destinan grandes sumas de dinero a los procesos electorales, la inseguridad no recibe la atención necesaria. Pérez Pérez señala que la política de "abrazos no balazos" del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha funcionado, y la violencia persiste en Chiapas, afectando a comunidades y generando desplazamientos.
El abogado destaca que ha presentado al menos 16 denuncias por la inseguridad en Chiapas, particularmente en municipios conflictivos como Chicomuselo, Frontera Comalapa, Marqués de Comillas, Pantelhó, Chenalhó y Tila. Pérez Pérez hace un llamado a los organismos de derechos humanos independientes para unirse y demandar al gobierno ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscando la paz para las comunidades afectadas.
En cuanto al proceso electoral, Pérez Pérez sostiene que la inseguridad en Chiapas pone en riesgo las elecciones en algunos municipios, y advierte que la situación solo puede ser controlada con voluntad política real por parte de las autoridades.
En este contexto, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas ha propuesto medidas de austeridad y ajustes en sus actividades operativas y de recursos para el proceso electoral. Sin embargo, Pérez Pérez destaca que la inversión en seguridad y paz es esencial para abordar los problemas subyacentes que afectan a la población.
Con desplazamientos forzados y violencia persistente, la llamada a la acción es urgente. El abogado insiste en la necesidad de unir fuerzas y buscar soluciones reales para devolver la paz y la seguridad a las comunidades chiapanecas.
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