El Secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, confirmó que la empresa Tapachultecobus y Conejobus, que se pusieron en operación en el gobierno de Juan José Sabines Guerrero, en enero del 2010, se encuentran en proceso de disolución con pleno respeto a los derechos de los socios, ambas desde su inicio enfrentaron problemas financieros, nunca fueron rentables.
La empresa Sistema de Transportes Urbanos de Tapachula SA de CV (Tapachultecobus) que tenía como objetivo fortalecer el servicio público de transporte en ese municipio, sin embargo, desde el 2010 estaba operando con dificultades financieras, el punto de equilibrio nunca fue alcanzado y la empresa no llegó a ser autosuficiente, razón por la cual, el gobierno del estado hasta el presente año subsidió a la empresa con recursos públicos, esto ya no era sostenible puesto que las condiciones administrativas y financieras de la empresa fueron empeorando por los efectos de la pandemia del Covid-19.
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Situación por la cual, la asamblea general extraordinaria de socios accionistas tomó el acuerdo de iniciar el proceso de disolución y se procedió a nombrar en el mismo acto al liquidador de la sociedad quien será el responsable de llevar a buen término la culminación de la operación de la sociedad y saneamiento de la situación financiera, legal, fiscal y administrativa de la misma.
En el mismo sentido, toda vez que la empresa no contaba con la capacidad financiera para el proceso de liquidación, el consejo de administración de la empresa en sesión extraordinaria tuvo un acuerdo de realizar ante la Secretaría de Hacienda la obtención de recursos extraordinarios, explicó en reunión con diputados locales.
Caso similar es el de la empresa Sistema de Transportes urbanos de Tuxtla SA de CV (Conejobus), que de la misma manera desde su surgimiento venía operando con deficiencias administrativas, financieras y jurídicas, lo que aunado a los efectos de la pandemia del Covid 19 llevó a tomar la decisión de cerrar las operaciones en razón de que estas deficiencias condujeron a la empresa a la quiebra técnica; el proyecto se mantuvo por más de 10 años gracias al financiamiento del gobierno del estado.
En ese sentido, Espinosa García confirmó que se gestiona un acuerdo armonioso con los socios que permita la disolución de la empresa preservando sus derechos, no se van a dejar sin derechos a los socios, las obligaciones administrativas persisten ya que hay asuntos pendientes de trámite, juicios laborales, auditorías, monitoreo de bienes de propiedad de la empresa, entre otros.