Tuxtla Gutiérrez.- La región metropolitana de Chiapas, que incluye los municipios de Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa y Chiapa de Corzo, así como Ocozocoautla, es un punto estratégico clave para el tráfico de ilícitos, señaló Manuel Yáñez, experto en seguridad y director general de la Academia Superior Libre de Profesionales en Seguridad Ciudadana. Debido a esto, la región ha sido escenario de una ola de violencia debido a la presencia y disputas entre grupos del crimen organizado.
Te puede interesar: Enfrentamiento entre grupos armados en Berriozábal, Chiapas
Yáñez destacó que la ubicación estratégica de Ocozocoautla y Berriozábal los convierte en puntos clave para el control territorial de los grupos criminales. Esta situación ha generado enfrentamientos en la región con el objetivo de dominar el territorio y asegurar el paso de actividades ilícitas.
"Ocozocoautla es un municipio que dentro de la geografía chiapaneca está colocado estratégicamente (...) muchos de los delitos por los cuales han generado que Ocozocoautla tenga esa característica deriva de que la mayor parte de los delitos están en tránsito, estamos hablando de trasiego de narcóticos, estamos hablando de trasiego de armas, el paso de extranjeros, entonces está en una posición estratégica" señaló el experto.
La mayoría de los enfrentamientos se registran en la carretera internacional que conecta a Ocozocoautla, Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez, así como en caminos rurales cercanos. El más reciente ocurrió la madrugada del lunes pasado en el conocido "crucero de la muerte", ubicado en dicha carretera.
Yáñez explicó que los grupos del crimen organizado buscan controlar esta zona para impedir el paso de sus rivales y garantizar el uso exclusivo de las rutas para sus operaciones. Este control territorial es crucial en una entidad fronteriza como Chiapas, donde ocurren delitos transnacionales.
"Los grupos del crimen organizado están inquietos por tener ese control, porque sí se posiciona uno, el otro no puede pasar, o si se posiciona el otro, el uno no puede pasar, entonces ese es el tema, no tiene otro tinte. Básicamente es porque es una posición geográficamente estratégica" mencionó el entrevistado.
El problema de la violencia y la presencia del crimen organizado en Chiapas no es reciente, aunque se ha intensificado en los últimos años debido al abandono por parte de los gobiernos y la falta de preparación de los cuerpos de seguridad. Yáñez recordó casos previos como una ejecución en 2006 en la región de Mezcalapa, que ya evidenciaban la actividad criminal en el estado, aunque en ese momento fue negada por las autoridades.
"No es algo nuevo, el narcotráfico en el estado no es nuevo, que no lo quisieron reconocer muchos gobernantes es diferente. En el 2006 hubo una ejecución cerca de La Herradura en Mezcalapa, llegaron a ejecutar a una familia en un rancho y el gobernador de ese entonces dijo: "No hay presencia del crimen organizado aquí en el estado de Chiapas" ¿Cómo no? Pero evidentemente eran de muy bajo perfil". Dijo Manuel Yáñez
Además, la supuesta complicidad entre autoridades locales y grupos criminales ha contribuido a la violencia, con constantes narcomensajes que sugieren vínculos entre funcionarios y el crimen organizado. Según Yáñez, aunque no hay pruebas concretas, estos mensajes son indicativos de la situación.
"Las instituciones locales no se vinculaban con el tela del crimen organizado (...) ahorita no hay pruebas, pero hay mucha evidencia en narcomensajes que hacen presumir qué hay vinculación de algunas personalidades de algunas autoridades con la delincuencia y eso te hace entender que va a ser complicado" abundó el experto en seguridad.
Para hacer frente a la violencia en Chiapas, Yáñez resaltó la necesidad de profesionalizar a los cuerpos policiales y de implementar una operación política efectiva. En zonas como la región sierra, los grupos criminales han logrado coaccionar a los pobladores para impedir la entrada de fuerzas militares, una situación que requiere intervención política más que militar.
"Lo primero a lo que le va a tener miedo el militar es a entrar y generar un conflicto social, porque hay tratados internacionales que impiden que los gobernantes utilicen armamento bélico en contra de sus propios ciudadanos, el ejército es muy cauteloso en ese tema y la policía local no está preparada hacer frente a ese tipo de eventos. Quien primero debió operado es la parte política para lograr una desarticulación de cualquier movimiento social a través de gobernabilidad" enfatizó el ex funcionario.
Finalmente, criticó la falta de capacitación y la desorganización en los cuerpos policiales, así como la ineficacia de los mandos gubernamentales, que han derivado en una gestión deficiente de la crisis de seguridad en la región.
