El personal del Poder Judicial Federal en Chiapas reconoce que corresponde al Congreso de la Unión modificar el sistema jurisdiccional, pero también enfatiza la necesidad real de atender el tema de las fiscalías y el ministerio público. Los diálogos son fundamentales para la república y los cambios deben beneficiar a los usuarios.
En un comunicado enviado a medios de comunicación, indican que la carrera jurisdiccional en México es la mejor herramienta para salvaguardar la independencia judicial y es democrática. Lo que el Congreso de la Unión no debe olvidar es que la sociedad merece jueces profesionalmente bien evaluados, no politizados y que no estén en deuda con nadie. Solo así se protegerá a las minorías más vulnerables.
Admiten que se requiere un diagnóstico profundo y un debate serio sobre el concepto de justicia, enfatizando que ésta debe ser integral. También es crucial reconocer que la justicia comienza con la labor de la policía, las fiscalías y el ministerio público. No es lo mismo procurar justicia que impartirla, y esta primera tarea no corresponde al Poder Judicial Federal.
El personal del Poder Judicial Federal en Chiapas reitera que existe una falsa percepción de corrupción. Sin embargo, las encuestas entre los usuarios, quienes son los verdaderos legitimadores, califican al sistema como eficiente y transparente en más del 91%.
Subrayan que es necesario ciudadanizar al Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, las propuestas de reforma son bienvenidas para que la ciudadanía conozca su función. Los jueces de distrito en este circuito han ganado legitimidad por muchas resoluciones a favor de los chiapanecos y chiapanecas contra actos de autoridad.
Por ello, insisten en que corresponde al legislador federal modificar y abordar realmente el tema de las fiscalías y el ministerio público, y no solo al Poder Judicial Federal. Los diálogos son esenciales para fortalecer nuestra república.
Finalmente, recalcan que la carrera jurisdiccional es esencial para preservar la independencia judicial y debe entenderse como un proceso democrático. Es imperativo que la sociedad cuente con jueces evaluados profesionalmente, libres de politización y sin deudas pendientes, para garantizar la protección de las minorías más vulnerables.
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