/ jueves 13 de agosto de 2020

Reforma a Ley Electoral violenta derechos de pueblos indígenas: Antropóloga

Esperan que la SCJN dé un revés a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas


La directora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Ruby Aracely Burguete Cal y Mayor, sostiene que la legislación electoral local actual aprobada en junio por el Congreso del Estado es una ofensa para los pueblos y comunidades indígenas.

Advierte que si la Suprema Corte de Justicia (SCJN) decide bien por la acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), haría justicia a los pueblos originarios de Chiapas.


Grosero el retroceso en los derechos indígenas en la ley electoral, ojalá que la SCJN dé un revés a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas, afirmó Ruby Aracely Burguete Cal y Mayor. Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas


Durante una reunión virtual con académicos, consejeros electorales y representantes indígenas, afirmó que groseramente en el Congreso de Chiapas hemos pasado de 10 diputaciones locales indígenas en el año 1995 a tan solo 2 en la actual LXVII legislatura local.

Comentó que luego del inicio del movimiento social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, el 6 de mayo de ese año, se amplió a 24 los distritos uninominales locales y con ello se buscaba mayor presencia de indígenas en los cargos de representación.

No obstante, poco a poco fuimos creciendo en la tendencia hacia la exclusión de los pueblos indígenas y en el despojo de sus derechos, el Congreso del Estado se ha ido llenando de omisiones y de la negación de derechos, como la falta de consulta para elaborar una ley de la que los destinatarios son los indígenas.

Lo que tenemos con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas, Ley de Medios de Impugnación y Ley General de Participación Ciudadana, son grandes y graves violaciones a los derechos electorales de los pueblos indígenas.



Lo que se reconoció en 1994 al crear los distritos locales indígenas en Chamula, Tenejapa y Las Margaritas, para favorecer a los pueblos tseltales, tsotsiles, tojolabales, así como a los choles en el norte del estado, se ha ido destruyendo y desbaratando las estructuras de los pueblos originarios, subrayó.

Comentó Burguete Cal y Mayor que los municipios indígenas en su momento se rotaban las candidaturas entre los municipios que conforman los distritos electorales locales indígenas, sin embargo, se ha despojado de esas candidaturas a los pueblos originarios con la falta de ética de los diputados de Chiapas, sustentó.

“Hay una pérdida de espacios de representación, no hay nada que agradecer al Congreso del Estado, hay que reclamarle y ojalá la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en justicia, en razón y en derecho, lo que han hecho mal para corregirlo y restituir esos derechos”.

No se justifica que el Congreso del Estado haya determinado solo garantizar el registro de candidatos en el 50 por ciento de los municipios indígenas, lo que, a su juicio, “es grosero, indignante y es un agravio”, por lo que la misma ley violenta los derechos de los pueblos indígenas.


Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas


La investigadora del CIESAS se pronunció porque el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) permita el autogobierno en los municipios indígenas de Chilón, Ocosingo, Yajalón, Sitalá y Simojovel, para destruir los cacicazgos no indígenas que permanecen ahí.

Puntualizó que los legisladores locales omitieron la historia, “no saben y no conocen”, además, cuando hablan del reconocimiento es una inadecuada palabra, de lo que deben hablar es de la restitución de derechos, de los que han sido despojados los indígenas.


Lee también: Humilla a indígenas reformas electorales: Ruby Aracely


“Es humillante que no se haya garantizado desde el Congreso del Estado el derecho a la consulta de los pueblos indígenas de Chiapas, previo a las reformas constitucionales en materia electoral en Chiapas”, puntualizó el investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Carlos Ordóñez Mazariegos.

“Ojalá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le de ‘palo’ a la reforma Constitucional en materia electoral en Chiapas”, añadió Elisa Cruz Rueda, investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.


Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas


A ello, José Rubén Orantes García, del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias Sobre Chiapas y la Frontera Sur de la UNAM, abundó que lo primero que hay que hacer es generar la pacificación de los pueblos y comunidades indígenas, hay una fuerte confrontación, una persecución y desplazamientos forzados, nos hemos olvidado de la paz y de la reconciliación como lo planteaba el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Lamentablemente hay un desconocimiento amplio y a profundidad de la reforma electoral y hemos caído en una ignorancia para hacer todo de una manera tan cuadrada, acotó.


La directora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Ruby Aracely Burguete Cal y Mayor, sostiene que la legislación electoral local actual aprobada en junio por el Congreso del Estado es una ofensa para los pueblos y comunidades indígenas.

Advierte que si la Suprema Corte de Justicia (SCJN) decide bien por la acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), haría justicia a los pueblos originarios de Chiapas.


Grosero el retroceso en los derechos indígenas en la ley electoral, ojalá que la SCJN dé un revés a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas, afirmó Ruby Aracely Burguete Cal y Mayor. Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas


Durante una reunión virtual con académicos, consejeros electorales y representantes indígenas, afirmó que groseramente en el Congreso de Chiapas hemos pasado de 10 diputaciones locales indígenas en el año 1995 a tan solo 2 en la actual LXVII legislatura local.

Comentó que luego del inicio del movimiento social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, el 6 de mayo de ese año, se amplió a 24 los distritos uninominales locales y con ello se buscaba mayor presencia de indígenas en los cargos de representación.

No obstante, poco a poco fuimos creciendo en la tendencia hacia la exclusión de los pueblos indígenas y en el despojo de sus derechos, el Congreso del Estado se ha ido llenando de omisiones y de la negación de derechos, como la falta de consulta para elaborar una ley de la que los destinatarios son los indígenas.

Lo que tenemos con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas, Ley de Medios de Impugnación y Ley General de Participación Ciudadana, son grandes y graves violaciones a los derechos electorales de los pueblos indígenas.



Lo que se reconoció en 1994 al crear los distritos locales indígenas en Chamula, Tenejapa y Las Margaritas, para favorecer a los pueblos tseltales, tsotsiles, tojolabales, así como a los choles en el norte del estado, se ha ido destruyendo y desbaratando las estructuras de los pueblos originarios, subrayó.

Comentó Burguete Cal y Mayor que los municipios indígenas en su momento se rotaban las candidaturas entre los municipios que conforman los distritos electorales locales indígenas, sin embargo, se ha despojado de esas candidaturas a los pueblos originarios con la falta de ética de los diputados de Chiapas, sustentó.

“Hay una pérdida de espacios de representación, no hay nada que agradecer al Congreso del Estado, hay que reclamarle y ojalá la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en justicia, en razón y en derecho, lo que han hecho mal para corregirlo y restituir esos derechos”.

No se justifica que el Congreso del Estado haya determinado solo garantizar el registro de candidatos en el 50 por ciento de los municipios indígenas, lo que, a su juicio, “es grosero, indignante y es un agravio”, por lo que la misma ley violenta los derechos de los pueblos indígenas.


Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas


La investigadora del CIESAS se pronunció porque el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) permita el autogobierno en los municipios indígenas de Chilón, Ocosingo, Yajalón, Sitalá y Simojovel, para destruir los cacicazgos no indígenas que permanecen ahí.

Puntualizó que los legisladores locales omitieron la historia, “no saben y no conocen”, además, cuando hablan del reconocimiento es una inadecuada palabra, de lo que deben hablar es de la restitución de derechos, de los que han sido despojados los indígenas.


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“Es humillante que no se haya garantizado desde el Congreso del Estado el derecho a la consulta de los pueblos indígenas de Chiapas, previo a las reformas constitucionales en materia electoral en Chiapas”, puntualizó el investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Carlos Ordóñez Mazariegos.

“Ojalá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le de ‘palo’ a la reforma Constitucional en materia electoral en Chiapas”, añadió Elisa Cruz Rueda, investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.


Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas


A ello, José Rubén Orantes García, del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias Sobre Chiapas y la Frontera Sur de la UNAM, abundó que lo primero que hay que hacer es generar la pacificación de los pueblos y comunidades indígenas, hay una fuerte confrontación, una persecución y desplazamientos forzados, nos hemos olvidado de la paz y de la reconciliación como lo planteaba el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Lamentablemente hay un desconocimiento amplio y a profundidad de la reforma electoral y hemos caído en una ignorancia para hacer todo de una manera tan cuadrada, acotó.

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