Las diputadas locales de Morena, Sandra Herrera, y del PVEM, Floralma Gómez Sántiz, reclamaron a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez, del Partido del Trabajo, que no se haya dado trámite legislativo a varias iniciativas de ley que debían beneficiar a la población, el periodo constitucional de la LXVIII Legislatura Local concluye el 30 de septiembre y no se dieron lectura, ni se turnaron a condiciones legislativas para su estudio y dictamen.
La diputada Sandra Herrera, que llegó al Congreso del Estado el 1 de octubre del 2021 por el partido político Redes Sociales Progresistas, ahora de Morena, pidió a la presidenta Sonia Catalina Álvarez, un informe por escrito del estatus en qué se encuentran sus iniciativas presentadas, las que presentó pensando en el bien de las y los chiapanecos.
Durante la sesión ordinaria del pleno de este martes presidido por Catalina Álvarez, la legisladora Sandra Herrera le reclamó que no se hayan turnado a comisiones sus propuestas relacionadas con la exigencia de garantizar seguridad social a los trabajadores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que la necesidad real de los y las trabajadoras sean atendidas con prioridad.
También planteó desde la toma de posesión de esta legislatura, que se migre en el pago de pensiones a jubilados y pensionados en salario mínimo y no en Unidad de Medida y Actualización por considerar una injusticia, toda vez que el salario mínimo tiene un valor de 248.93 pesos y la UMA a 108.57 pesos, y que los pagos se hiciera en forma urgente a 108 maestros jubilados, hoy 103 tras el fallecimiento de 5 por su edad avanzada.
Otra de sus propuestas que Sandra Herrera reclamó a la Mesa Directiva que no se haya turnado a lectura tiene que ver con una reforma al Código penal para incluir el delito de acoso laboral, con un protocolo de prevención para erradicar el acoso sexual y laboral, también reforma a la Ley del Ejercicio Profesional para el acceso económico y laboral de los profesionistas que les permita desarrollarse en el perfil de sus profesiones con un ahorro significativo para su familias, suman 154 mil familias aproximadamente donde jóvenes concluyen carreras universitarias.
Por otra parte, argumentó que la propuesta de reforma a la ley de Educación, ley de Salud y ley de Protección Civil para fortalecer a la población con discapacidad, incluir el lenguaje de señas, generar un entorno de inclusión laboral y acceso a la salud, salvaguardar la vida de las personas con discapacidad y con perspectiva de género, formación de intérpretes para una mejor comunicación, la señalización en braille en los edificios públicos.
Sandra Herrera, que fue candidata del Movimiento Ciudadano a la diputación local de Tuxtla Gutiérrez en las elecciones del 2 de junio, le dijo a la presidenta del Congreso del Estado que presentó iniciativa de decreto para adicionar el párrafo 74 del artículo 45 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Pública del Estado de Chiapas, para procurar la seguridad social para elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, temas que impactan en beneficio de la sociedad pero no fueron leídos, ni dictaminados.
Mientras que la diputada Floralma Gómez Sántiz dijo que la iniciativa que presentó hace un año para garantizar la identidad de género a las personas de la diversidad sexual la Mesa Directiva no le dio lectura, ni la turnó a comisiones para su estudio, por lo tanto, no se dictaminó, no obstante la Declaración de Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, el Cuadernillo de Jurisprudencia sobre Derechos de las Personas LGBTI de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el cuadernillo de la Jurisprudencia sobre los Derechos de la Diversidad Sexual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia del amparo en revisión 1317/2017 menciona que la identidad de género es un elemento constitutivo de la identidad de las personas, por lo que su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de sus derechos humanos de las personas trans, haciendo efectivo este derecho.
Puntualizó que al reconocer y garantizar el derecho de la identidad de género se da cumplimiento a una deuda histórica que por muchos años la comunidad LGBTI+ ha luchado no solo por alcanzar su reconocimiento, sino también en contra de la discriminación jurídica, social y cultural, siendo víctimas de crímenes de odio y de muertes violentas por su orientación sexual, expresión e identidad de género siendo los 35 años de edad, la esperanza de vida que tienen las personas trans en nuestro país.
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