/ viernes 22 de febrero de 2019

Pueblos originarios piden Fiscal indígena

Pueblos y comunidades originarias de Zinacantán, Chenalhó y Chilón, solicitan al fiscal General del Estado, Jorge Luis Lláven Abarca, designar a un nativo como Fiscal de Justicia Indígena; consideran que el abogado Raúl Pérez Gómez, oriundo de Chilón, cumple con el perfil y trayectoria, reconocido por su bien trato, calidad moral, que practica la justicia con imparcialidad y humildad hacia el pueblo.

Así lo afirman Carlos de la Cruz López, Sebastián Gómez Pérez y Ricardo López Jiménez (representante de las comunidades de Zinacantán, Chenalhó y Chilón, respectivamente), en un escrito dirigido a Lláven Abarca, donde le piden considerar la propuesta y atender el derecho de petición.

Insisten en la importancia de que su demanda sea atendida lo más pronto posible, ya que desafortunadamente, hasta ahora no cuentan con un Fiscal que tenga la facultad de resolver su situación; Chiapas es rico en materia nativa con sus 12 grupos lingüísticos en 88 municipios con una población de un millón 300 mil personas.

Precisan que las zonas aborígenes son lugares donde se necesita de la aptitud de mediar, dialogar, escuchar, lograr acuerdos y respetar los derechos humanos; el requerimiento central es de una justicia indígena formada y sustentada en el derecho.



Los objetivos de la justicia oriunda tienen que ser siempre, cumplir y hacer cumplir las normas y valores que deberán abonar siempre a la paz, reconstrucción del tejido social, reconciliación, y a la verdadera justicia a los derechos humanos, para que dicho sector pueda vivir en mejores condiciones de vida.

Aseveran que los pasados nombramientos han sido impulsados por barras de abogados, asociaciones civiles y bufetes; por ello, es prudente la inclusión y tomar en cuenta a los pueblos originarios en la toma de acuerdos, que abone a la construcción de la verdadera y duradera paz.

“Deseamos que se le dé validez a nuestra propuesta, que emana del pueblo, fundamentado en el artículo 8 de la Constitución, de despertar el derecho de petición, para atender el 2º Constitucional, en cuanto a que la nación tiene composición pluricultural”.

Pueblos y comunidades originarias de Zinacantán, Chenalhó y Chilón, solicitan al fiscal General del Estado, Jorge Luis Lláven Abarca, designar a un nativo como Fiscal de Justicia Indígena; consideran que el abogado Raúl Pérez Gómez, oriundo de Chilón, cumple con el perfil y trayectoria, reconocido por su bien trato, calidad moral, que practica la justicia con imparcialidad y humildad hacia el pueblo.

Así lo afirman Carlos de la Cruz López, Sebastián Gómez Pérez y Ricardo López Jiménez (representante de las comunidades de Zinacantán, Chenalhó y Chilón, respectivamente), en un escrito dirigido a Lláven Abarca, donde le piden considerar la propuesta y atender el derecho de petición.

Insisten en la importancia de que su demanda sea atendida lo más pronto posible, ya que desafortunadamente, hasta ahora no cuentan con un Fiscal que tenga la facultad de resolver su situación; Chiapas es rico en materia nativa con sus 12 grupos lingüísticos en 88 municipios con una población de un millón 300 mil personas.

Precisan que las zonas aborígenes son lugares donde se necesita de la aptitud de mediar, dialogar, escuchar, lograr acuerdos y respetar los derechos humanos; el requerimiento central es de una justicia indígena formada y sustentada en el derecho.



Los objetivos de la justicia oriunda tienen que ser siempre, cumplir y hacer cumplir las normas y valores que deberán abonar siempre a la paz, reconstrucción del tejido social, reconciliación, y a la verdadera justicia a los derechos humanos, para que dicho sector pueda vivir en mejores condiciones de vida.

Aseveran que los pasados nombramientos han sido impulsados por barras de abogados, asociaciones civiles y bufetes; por ello, es prudente la inclusión y tomar en cuenta a los pueblos originarios en la toma de acuerdos, que abone a la construcción de la verdadera y duradera paz.

“Deseamos que se le dé validez a nuestra propuesta, que emana del pueblo, fundamentado en el artículo 8 de la Constitución, de despertar el derecho de petición, para atender el 2º Constitucional, en cuanto a que la nación tiene composición pluricultural”.

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