Pueblos originarios de Chiapas se han unido a la exigencia nacional ante el Congreso de la Unión para reformar el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de que los pueblos y comunidades indígenas, así como los afromexicanos, sean reconocidos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Esta demanda fue presentada por la socióloga de Chamula, Patricia Díaz López, quien ha tomado la voz de los Altos de Chiapas desde la Cámara de Diputados.
Patricia Díaz, reconocida luchadora social, explicó que la federación, los estados y los municipios deben adoptar medidas concretas para hacer efectivos los derechos de estas comunidades. El objetivo principal es eliminar la discriminación, racismo, exclusión e invisibilidad que han padecido históricamente los pueblos indígenas y afromexicanos.
Desde el Congreso de la Unión, la representante social de los Altos de Chiapas hizo un llamado a establecer normas y mecanismos que aseguren el respeto e implementación de los derechos de estos pueblos. Según la socióloga, la reforma constitucional garantizaría la observancia efectiva de todos sus derechos.
De aprobarse la modificación, el Congreso deberá emitir una ley general que regule estos derechos y armonizar el marco jurídico en un plazo de 180 días desde la entrada en vigor de la ley, aseguró Díaz López. Además, las autoridades de los tres niveles de gobierno tendrán la responsabilidad de realizar las adecuaciones normativas necesarias para garantizar la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos.
La socióloga destacó que, conforme a sus sistemas normativos internos, estos pueblos decidirán sus formas de gobierno, organización social, económica, política y cultural. En este frente común, representantes tseltales, tsotsiles, choles, tojolabales y de otros pueblos de Chiapas se han unido a indígenas de diferentes estados del país para exigir la reforma constitucional.