La directora de zona suroeste de la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor, Elena Trujillo, afirmó que a través de la vigilancia y monitoreo en los municipios de Chiapas, y de las denuncias ciudadanas, se logró emitir sanciones a cuatro casas de empeño, que a través de prácticas ilícitas cometen abusos al bolsillo de la población durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Dijo que hasta el momento se han emitido sanciones a casas de empeño ubicadas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, principalmente por falta de información sobre las tasas de interés que cobran al público, cuya práctica abusiva lacera la economía de los consumidores.
Trujillo señaló que de acuerdo a la norma vigente, las casas de empeño pueden ser acreedoras a sanciones económicas que van desde los 702 pesos hasta los 3 millones de pesos, además de sanciones administrativas, que consisten en la suspensión temporal de actividades.
"Mantenemos una verificación constante sobre estos establecimientos ya que ante la situación que viven las familias por la crisis económica generada por el Covid-19 han aumentado los empeños, situación que es aprovechada por los negocios para cometer abusos contra la población", abundó.
La funcionaria indicó que con el regreso a clases a distancia el personal de la dependencia ha intensificado la verificación en las casas de empeño establecidas en la entidad, a través del cual se supervisa que los negocios exhiban los precios en montos totales a pagar, que entreguen comprobantes de las transacciones que se efectúen, que se respeten plazos y condiciones; que exhiban el contrato de adhesión registrado ante Profeco y ante en el Registro Público de Casas de Empeño.
Detalló que también se verifica que las básculas que utilizan las casas de empeño en sus operaciones se encuentren calibradas y cuenten al menos con el holograma del año 2020, toda vez que el plazo para solicitar la calibración dentro del periodo ordinario venció el pasado 31 de mayo.
Finalmente la funcionaria federal detalló que los establecimientos que incumplan con las disposiciones aplicables tanto de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización así como la NOM-179-SCFI-2007 y la NOM-010-SCFI-1994 podrán hacerse acreedores no sólo a la suspensión de la comercialización del servicio sino a la clausura total del establecimiento.