La resolución que emitió el pasado viernes 19 de febrero el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas que revoca el Procedimiento Especial Sancionador en contra del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Calos Orsoe Morales Vázquez, representa un retroceso para reconocimiento de los derechos políticos electorales de la mujeres, marca un precedente al dejar en indefensión a la regidora Adriana Guillén Hernández, víctima de violencia, expuso José Alberto Gordillo Flecha.
El representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, sostiene que esta sentencia lejos de significar una acción afirmativa, contribuye a la desconfianza en el órgano jurisdiccional.
"La magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro, quien estuvo a cargo de la ponencia, desestimó y minimizó los argumentos debidamente fundados y motivados por las consejeras electorales del IEPC y que esgrimieron para sancionar a Morales Vázquez. La magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, 'invisibilizó' a la quejosa, al no darle fuerza plena al video en el que el presidente de Tuxtla Gutiérrez realizó afirmaciones sin probar y que solo denostaron a la persona e imagen pública Adriana Guillén, constituyendo con ello violencia política en razón de género".
"Carlos Morales se aprovecha de su cargo y sus funciones para generar actos que violentan los derechos de sus subordinadas, pares u otras servidoras públicas, ello tiene como consecuencia la construcción de una violencia institucional, lo cual tiene un impacto en los principios fundamentales de representatividad y gobernabilidad y menoscaba la dignidad de la regidora Adriana Guillén, al imputarle acusaciones sin fundamento y sin exhibir pruebas de su dicho".
Lee también: Sindica de San Juan Cancuc no toma posesión
Sostiene Gordillo Flecha que esa vulneración tiene como consecuencia un impacto en la paridad de género, por lo que la decisión del Tribunal Electoral del Estado revictimiza a la regidora Guillén Hernández.
Las magistradas desestimaron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, violentaron el derecho a tener una vida libre de violencia, menoscaban, limitan e impedir el ejercicio de derechos políticos electorales y más que una decisión jurisdiccional, "es un pasaporte de impunidad que le brindaron a Carlos Morales", puntualizó.
