El Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” solicitó al presidente municipal de Acacoyagua, Elmer Campos y a la síndica, María del Carmen Tsuzuki Antonio, respeten los derechos de los pueblos y comunidades que se han declarado libre de proyectos extractivos.
En ese sentido, se comprometan a frenar las obras de minería en este municipal convocar a asamblea de cabildo abierto, donde el Ayuntamiento establezca un acta de “Territorio Libre de Minería”, el cual se publique en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.
De acuerdo con el texto circulado por Gustavo Castro Soto, de la organización “Otros Mundos”, los habitantes –en su mayoría campesinos–, de las localidades de Acacoyagua y Escuintla, están amenazados por 21 concesiones mineras; Acacoyagua está invadido por 13, para la explotación de cobre, titanio, plomo y barita, además de la amenaza de proyectos de dos minihidroeléctricas y una planta de geotermia.
“Hemos visto cómo la minería afecta nuestro territorio y nuestros derechos colectivos, a raíz de las actividades de explotación del Grupo Male S.A de C.V., en los ejidos de Libertad y María Esther, y de los trabajos de exploración del Grupo El Puntal S.A. de C.V., en los ejidos de Cacaos, Satélite Morelia y Magnolia, además de las labores de la Trituradora ‘Pataste’”.
Se han denunciado, en varias ocasiones, actos de intimidación, ataques, compra de conciencia e intentos de división comunitaria a los cuales recurren estas empresas para imponer sus designios; “también sufrimos daños a la salud y al medioambiente, como irritaciones en la piel, los ojos y las vías respiratorias, enfermedades gastrointestinales, deforestación y contaminación del aire.
“Se genera una contaminación a los ríos Cacaluta, Chocolate y Cintalapa que abastecen de agua la región, donde vivimos principalmente del cultivo de mangos, arroz, cacao, frijol, café, maíz, ajonjolí, rambután, y no queremos que nuestra tierra pierda productividad a causa de la minería”.
Es necesario, indicó, que la alcaldía se una a la lucha, ya que es su obligación otorgar el permiso de uso y factibilidad de suelo, es decir, quien tiene el poder de decidir si la tierra se entrega o no a la minera, en apego a lo establecido por los artículos 1º y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ante ello, puntualizó, las comunidades solicitan que explore los mecanismos legales conducentes para elaborar o, en su caso, modificar un ordenamiento ecológico territorial municipal, mediante el cual determine la protección de toda la zona de actividades extractivas que pongan en riesgo a los pobladores.