A casi ocho meses de las elecciones del 1 de julio del año pasado y a casi cinco de la toma de posesión de las autoridades municipales, persiste la violencia política de género en Chiapas por un fenómeno cultural, se impone la fuerza del varón, y los casos complejos se presentan en San Juan Cancuc, dónde la síndica electa Martha López Sántiz, no se le deja asumir el cargo, en tanto en Mitontic, la alcaldesa Manuela Martínez Ico, ha permitido que sea su esposo Erasto Ordóñez, quien ejerza el poder.
La consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Laura León Carballo, explicó que urge impulsar desde el Congreso del Estado leyes que garanticen que la violencia política en razón de género será considerada como un delito, y aplicarse sanciones severas contra los que están ejerciendo violencia política de género, el alcalde de San Juan Cancuc, José López López y el esposo de la alcaldesa de Mitontic, Erasto Ordóñez.
Por tratarse de asuntos fuera del proceso electoral, el IEPC no puede resolver, a reserva del seguimiento que se le pueda dar a ambos casos desde el Observatorio de Paridad de Género y Participación Política de las Mujeres, dónde se hacen visible estás violaciones a los derechos políticos de Martha López y Manuela Martínez.
Los responsables de la violencia política de género deberían ser inhabilitados a contender por un puesto de elección, pero se tienen que generar desde la Constitución Política del Estado de Chiapas y del Código de Elecciones y Participación y Código Penal para el Estado de Chiapas, para garantizar el Estado de derecho, apuntó.
Mencionó que el IEPC ha garantizado la paridad de género en los registros de candidaturas en el proceso electoral local ordinario y extraordinario del 2018, lamentablemente la ley establece que ya en el ejercicio del cargo es el Congreso del Estado el responsable de cumplir y hacer cumplir la legislación, para el desempeño del cargo por el que fueron electas el primer domingo de julio pasado.
El cumplimiento de la paridad debe que ser real, con base en el artículo 60 de la Constitución local, el gobierno estatal cumple con la paridad de género, pero no así los 124 ayuntamientos, lo que debería ser obligatorio, la mitad de los cargos para mujeres y la mitad de los cargos para hombres, tienen que haber más acciones afirmativas, adicionales, para ir reduciendo está brecha de género, apuntó León Carballo.
Es una prioridad establecer en Chiapas el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, integrado por el IEPC, el Tribunal Electoral del Estado y la secretaria para la Igualdad de Género del gobierno del estado, de acuerdo con el modelo nacional impulsado por el Instituto Nacional de las Mujeres, para identificar, hacer visible, prevenir, resolver y erradicar la violencia política de género, enfatizó.