Tuxtla Gutiérrez.- La lucha de la resistencia indígena, afrodescendiente, campesina y popular la realizamos en nuevas circunstancias políticas, asumimos que desde el 1º de diciembre de 2018 y a pesar de las diferencias con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en relación al trato a las organizaciones sociales y campesinas y con relación a los megaproyectos para el sureste mexicano, contamos con un gobierno aliado para alcanzar los propósitos más amplios de la agenda indígena e iniciar así la construcción de una sociedad democrática y más justa para todos, exponen organizaciones sociales.

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En un documento enviado al presidente López Obrador y al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en el marco del Día de la Raza, sostienen que aunque todavía no sabemos los resultados concretos de las acciones y programas de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, conservamos la esperanza en que el proyecto de conjunto por el que luchamos y votamos el 1 de julio del 2018, traerá cambios de fondo a la realidad nacional y a las condiciones de vida de la población indígena del país.

Sin embargo, advierten, nos preocupa que Chiapas es el estado más marginado del país, en lo cual entendemos que no tiene culpa la administración actual, pero requerimos un gobierno con rumbo, que atienda a la ciudadanía en sus necesidades más básicas, la demanda es de políticas de fomento para el desarrollo; los sectores productivos, especialmente la pequeña y mediana empresa, los indígenas, los campesinos y grupos vulnerables, se encuentran totalmente abandonados.

Consideran que Chiapas es de las pocas entidades del país en que las actividades económicas decrecen en lugar de prosperar, agravándose día con día la descomposición del tejido social, la pobreza y la conflictividad.

Sin embargo, la crisis más visible se manifiesta en el área de gobernabilidad, al perderse el principio básico de autoridad en diversos municipios y al quedar varias regiones como territorios dónde hace falta la aplicación de la ley, la falta de oficio político ha aislado a los gobiernos de la población en general, y en especial de los actores sociales y políticos más dinámicos, de los que depende en última instancia la estabilidad social y la buena marcha de la economía.

Relatan que a escasos 10 meses de este gobierno, los mexicanos y los chiapanecos hemos visto incrementarse la protesta social y las revueltas contra autoridades municipales y estatales, el bloqueo constante de carreteras y casetas, la toma de presidencias municipales y oficinas de gobierno, el secuestro de servidores públicos, las confrontaciones entre comunidades y pueblos, la expulsión y desplazamientos de familias, pero también la confrontación de poblaciones enardecidas contra las fuerzas públicas enviadas a reprimirlos.

Ilustran lo que venimos señalando los casos más recientes, como lo ocurrido en el municipio de las Margaritas, en donde el presidente Jorge Luis Escandón Hernández fue amarrado y arrastrado debido al incumplimiento de compromisos con una comunidad, provocándose un grave enfrentamiento con saldo de varios heridos graves y 11 encarcelados.

También mencionan lo ocurrido en Bochil, en donde la demanda de una obra pública de 4 comunidades, terminó en la confrontación de la población del lugar con la Guardia Nacional y la policía estatal, dejando como saldo la muerte de un elemento de la Guardia Nacional, varios heridos y 4 personas encarceladas.

Otro tanto paso en el municipio de Escuintla, donde la población inconforme con el presidente municipal y al ser desalojados con violencia por la fuerza pública, prendieron fuego al edificio de la presidencia, por lo que luego fueron encarcelados 6 ciudadanos del lugar; ya antes se habían presentado hechos violentos parecidos en el municipio de Amatán, con el agravante de que aquí fueron asesinados los dirigentes sociales Noé Jiménez Pablo y Santiago Gómez Álvarez.

Pobladores organizaciones de Ixtapa han pasado igualmente situaciones violentas, tensión social en que viven diariamente los municipios de Oxchuc, Chilón y Chamula los ha convertido en un riesgo obstante para la población.

Los desalojos violentos empezaron en Solosuchiapa, en el mes de junio, cuando habitantes del poblado Agustín Rubio Montoya, de la Central Independiente de Obreros Agricolas y Campesinos (CIOAC), fueron desalojados del predio “Mina Santa Fe” y encarcelaron a 20 campesinos.