En diversos municipios de Chiapas, los nuevos ayuntamientos que tomaron posesión el pasado 1 de octubre incorporaron nuevos miembros a la Policía Municipal. Derivado de esto, un alto porcentaje de los cuerpos policiales municipales no cuenta con la certificación necesaria para portar y usar armas de fuego, lo que compromete la capacidad de respuesta ante situaciones que requieren el uso de la fuerza.
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De acuerdo con datos obtenidos, la falta de certificación de los elementos municipales obedece a múltiples factores, entre ellos, la falta de programas de capacitación y la carencia de recursos para la evaluación y certificación por parte de las autoridades estatales y federales. Esta situación ha generado situaciones donde la Policía Municipal no puede accionar con armas de fuego.
Jorge Luis Llaven Abarca, diputado local de la LXIX Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas y ex fiscal del Estado de Chiapas, señaló que menos de la mitad de los municipios cuentan con policías capacitados y certificados que puedan portar armas legalmente, lo que limita la capacidad de respuesta ante la creciente incidencia delictiva.
El diputado reconoció que en cada cambio de administración municipal se ha visto el constante cambio de elementos policiales, quitando a personal que cuenta con la autorización para usar armas de fuego e ingresando a personal que no está capacitado. Esta situación genera un gasto a la administración municipal, que desembolsa hasta 70 mil pesos para certificar.
“La estrategia de quitar a toda la policía municipal cuando llega una nueva administración municipal, más allá de que te genera un gasto, certificar un policía te cuesta casi 70 mil pesos, que tenga su tres meses de academia, que tenga su cup, su clave única policial, pues te cuesta setenta mil pesos, imagínate, un ayuntamiento que corre a diez policías son setecientos mil pesos”, dijo Llaven Abarca.
No obstante, en algunos municipios, los fondos destinados a seguridad son desviados para otros usos, como la adquisición de vehículos que no se emplean en labores de seguridad pública. Esto contribuye a que la policía no esté equipada ni capacitada para enfrentar los retos de seguridad de manera adecuada.
Además, la rotación constante de personal en los cuerpos policiales cada tres años, coincidiendo con los cambios de administración municipal, implica la pérdida de elementos certificados y experimentados. Este ciclo de contratación y despido afecta el desarrollo de un servicio civil de carrera y genera un gasto elevado en nuevas certificaciones, que se traduce en el uso ineficiente de recursos públicos.
Uno de los hechos recientes que han evidenciado esta situación es el asalto ocurrido en el municipio de Copainalá, donde sujetos armados irrumpieron las instalaciones de Banco Azteca, en la zona centro de la ciudad, cometiendo un asalto que dejó como saldo el robo de dinero y una persona sin vida. Tras los hechos ocurridos, el alcalde, Carlos Cruz Cruz, reconoció que la policía municipal no cuenta con la certificación del uso de arma de fuego, por lo que no tenían la facultad para actuar ante el atraco. El alcalde dijo que en ese tipo de incidentes, quedan a la espera de la reacción de la Policía Estatal.
La certificación para el uso de armas de fuego es un requisito estipulado por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual exige que todo agente en funciones esté debidamente capacitado y evaluado. Sin embargo, informes recientes indican que gran parte de las corporaciones municipales aún no ha cumplido con este lineamiento, dejando en vulnerabilidad a los municipios y reduciendo su capacidad operativa.
Llaven Abarca destacó la necesidad de fortalecer a los cuerpos policiacos mediante políticas públicas adecuadas y presupuesto suficiente. “Debemos dotar de capacitación, salarios dignos y derechos laborales a los elementos policiales para que puedan realizar su trabajo de manera eficiente y segura”, señaló el diputado.
El diputado subrayó la importancia de que las iniciativas legislativas estén alineadas con el fortalecimiento de la seguridad pública, mencionando que los ayuntamientos y el gobierno estatal deben trabajar de manera conjunta para establecer un estado de derecho efectivo y que las políticas públicas en esta materia generen resultados tangibles en un plazo cercano.
El exfiscal hizo un llamado a las autoridades municipales a gastar los recursos en verdaderas estrategias de seguridad. Además, ha lanzado propuestas para mejorar la situación, como la implementación de un mando único y la creación de cuerpos de policía intermunicipales en zonas conurbadas, lo cual permitiría una mejor coordinación y respuesta ante incidentes de seguridad. La experiencia en otros estados, como Yucatán y Ciudad de México, donde el mando único ha resultado en mejoras significativas en seguridad, es un ejemplo de estrategias que podrían replicarse.
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