El Congreso del estado deberá establecer como prioridad reformar a la Constitución Política del Estado y al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, para que en las elecciones de los 124 ayuntamientos y 40 diputados locales del 2021 los 12 grupos indígenas de la entidad estén representados en justa participación.

La vicepresidenta, Carolina Elizabeth Sholé Gómez, reconoció la urgencia de enmendar los errores del sistema político estatal, lamentablemente un millón 300 mil indígenas aproximadamente, distribuidos en 88 de los 124 municipios, tienen un solo representante en la LXVII legislatura local, el diputado indígena Mario Sántiz Gómez, tsotsil originario de Chamula.

Sin embargo, admitió, falta la presencia en el poder legislativo de los tseltales, zoques, choles, tojolabal, considerados como mayoritarios, pero de éstos, los más numerosos son el tseltal y el tsotsil con casi 700 mil personas, le siguen los considerados como minoritarios lacandón maya, cachiquel, mocho, mame, chuje, canjubal y jacalteco.

De acuerdo con la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional, debe establecerse en el marco legal el porcentaje de distritos electorales locales que deben ser encabezados por indígenas, del total de 24 y de las 16 candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional.

Por otra parte, deberán establecerse las proporciones de candidaturas indígenas en los municipios netamente indígenas o con dicho sector de la población, para la postulación de las planillas, puesto que en la actualidad estos pueblos y comunidades no están bien representados, enfatizó.

Insistió que debe haber un análisis a profundidad de la realidad actual y de las partes equitativas de representación que les corresponde en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos para saldar la injusticia, quienes seguramente tendrían que estar presentes son los mayoritarios, los tseltales y tsotsiles, y luego en porcentajes justos los demás grupos.

La reforma tiene que ser producto de un análisis con los partidos, con investigadores, actores políticos indígenas, con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, entre otros que puedan opinar.