Tuxtla Gutiérrez. A los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad que se encuentran en Centros Asistenciales, no solo se les debe garantizar el cumplimiento de sus derechos, como la salud y la educación, sino que las autoridades deben crear políticas públicas para que puedan hacerle frente a la vida, que estén preparados para cuando deban egresar de los albergues, manifestó Alfredo Ruanova Ortega, Visitador General Especializado en la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
En el marco del “Primer Encuentro Virtual entre Autoridades y Jóvenes del Sistema de Protección en Chiapas”, organizado por Aldeas Infantiles SOS, Ruanova Ortega subrayó que “la atención a adolescentes, que son ya jóvenes, es un tema que no alcanza la relevancia necesaria para insertarse en la agenda de las políticas públicas”, por lo que es importante reconocer la situación que viven y qué condiciones enfrentan.
Este primer encuentro, que constó de tres paneles de exposición, entre ellos el de los propios jóvenes que compartieron experiencias de vida y las aspiraciones de continuar sus estudios, la mayoría manifestó tener incertidumbre o temor de salir de los albergues y enfrentarse al campo laboral, incluso a la sociedad misma.
En ese sentido, el moderado del Aldeas Infantiles SOS, le preguntó al Visitador Especializado de la CEDH ¿qué derechos de vulneran y cuales se deben de cuidar al acompañar a un joven en su proceso de egreso en su sistema de protección?; en su respuesta, Ruanova enfocó el tema hacia la creación de políticas públicas por parte de las autoridades, la cual hasta el momento es invisible.
“Las autoridades están obligadas a generar políticas públicas que permitan que ese niño niña o adolescente, independiente del contexto en que se encuentre, pueda ejercer a plenitud su derecho y es ahí cuando identificamos las condiciones para ejercer el derecho a la educación, la cual no es la misma en una familia tradicional o una familia disfuncional o que están en una institución; incluso hay diferencias entre instituciones.
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Hay una ley de niños, niñas y adolescentes y otra una ley para los jóvenes, inclusive hasta los 29 años. Pero hay un limbo entre los que cumplen y llegan a su proceso de egreso, ¿qué va a pasar con ellos? ¿cómo el estado va a generar esas condiciones? Eso es lo que estamos hablando.
“Hay que sensibilizar y concienciar que no solo hay que llevarlos a la escuela, sino prepararlos para la vida y el desarrollo y ese desarrollo va estar institucionalizado, que tiene que aprenderá ahorrar, a ser organizado, disciplinado; no tiene una familia inmediata que le pueda respaldar y los derechos más inmediatos; es ver que tenga la posibilidad de ejercer el libre desarrollo e incorporarse al sistema productivo y al sistema educativo”; puntualizó.
Sin embargo, celebró que este primer encuentro se haya realizado, el cual calificó como una especie de semilla de lo que autoridades, centros asistenciales y sociedad pueden lograr en el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Las autoridades que participaron en este encuentro son: Daniel Canté Zepeda, director de Orientación e Inclusión del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas; María Isabel Cruz Cruz, procuradora estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Chiapas y Lilly de María Chang Muñoa, directora de Atención y Servicios Empresariales de la Secretaría de Economía y del Trabajo de Chiapas.
